Los docentes de las universidades públicas nacionales inician este miércoles un paro de 72 horas, para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial muy por encima de la que determinó el Gobierno. La medida de fuerza se extenderá hasta el viernes y alcanzará a las casas de altos estudios de todo el país.
La protesta profundiza el conflicto después de que la última negociación paritaria terminó sin acuerdo. El Gobierno decidió aplicar un aumento del 3%, mientras los gremios sostienen que esa suba no alcanza para cumplir con la actualización salarial prevista en la ley ni con la medida cautelar vigente.
El comienzo del paro coincide, además, con el vencimiento del plazo que fijó la Justicia para que el Ejecutivo avance con el cumplimiento de esa cautelar. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, Martín Cormick, intimó al Gobierno a aplicar en cinco días la actualización correspondiente a los artículos de la ley vinculados con salarios y becas.
Según pudo saber TN, el Gobierno apeló la decisión judicial, una presentación que introduce un nuevo capítulo en la disputa por la aplicación de la norma. La presentación fue realizada el viernes ante el juez Martín Cormick. Si acepta la revocatoria, puede dejar sin efecto la intimación.
Antes de que se confirmara la apelación, la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), Laura Carboni, había asegurado que hasta el momento ningún funcionario se había comunicado con el sindicato y señaló que no tenían expectativas de que el Gobierno aplicara la norma en los términos que reclaman.
“La semana pasada, Cormick, que es el que atiende la causa, intimó al Gobierno a que al 30 de septiembre, es decir, durante los cinco días siguientes de su notificación, pague de manera integral la cautelar. Lo que sabemos hasta ahora es que el Gobierno no respondió y empezó a girar el rumor de que había presentado una apelación, pero todavía, formalmente, no está presentada”, afirmó Carboni.
La dirigente gremial había planteado que no descartaba que el Ejecutivo recurriera la decisión, aunque señaló que, según la interpretación del sindicato, no existe margen jurídico para hacerlo. “Si el Gobierno no se atiene a lo que dice Cormick, empiezan a sumarse las multas por el no pago, salvo que tome la decisión de pagar lo que queda de la cautelar”, advirtió.
Del conflicto salarial a las medidas de fuerza
El paro se definió luego de que el Gobierno y los sindicatos universitarios volvieran a fracasar en la negociación salarial. El Ejecutivo mantuvo la oferta de una suba del 3% y anticipó que la aplicará de manera unilateral, bajo el argumento de que con ese incremento avanza en el cumplimiento de la cautelar.
Los gremios cuestionan ese cálculo y sostienen que la discusión no puede limitarse a ese porcentaje. En la negociación anterior señalaron que, según el mecanismo previsto en la Ley de Financiamiento Universitario, los salarios deben recuperar el nivel de diciembre de 2023 y estimaron entonces que todavía falta alrededor de un 23% para alcanzar ese punto de comparación.
Para esta nueva medida de fuerza, CONADU Histórica reclama una actualización del 33,4% sobre los últimos haberes percibidos, más las actualizaciones posteriores por inflación. En ese contexto, confirmó el paro desde este miércoles hasta el viernes, en confluencia con CONADU.
Rumbo a la quinta marcha universitaria
Las medidas tendrán como próxima fecha central la quinta Marcha Federal Universitaria contra el Gobierno de Javier Milei, convocada para el 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales.
La convocatoria forma parte del plan de lucha de las federaciones nacionales, que reunirá a ADUBA, APUBA, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional, con el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario como uno de sus principales ejes.
