La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura logró consensuar ayer un dictamen con varias modificaciones al proyecto de reforma al Código Procesal Penal que fuera remitido por el Consejo de Fiscales con el procurador general Jorge Miquelarena a la cabeza, en el que no accede a uno de los pedidos principales para que se prolongue el plazo de investigación de 6 meses a un año.
Este era uno de los puntos centrales pedidos por los fiscales, ya que el plazo que tienen para investigar actualmente es de 6 meses prorrogable por 4 meses si así lo entiende el juez de garantías, por lo que desde el Ministerio Público Fiscal solicitaban que se amplíe a un año, según Miquelarena para que «podamos recoger y analizar las pruebas en un plazo mayor».
Explicó que este pedido, al que no accederán los diputados, surge ante las demoras que se generan y «no tienen que ver con la actividad del fiscal, tienen que ver con la Oficina Judicial, con los propios magistrados, recusaciones, pruebas pendientes, análisis de ADN, exhumaciones».
Por otra parte, los diputados hicieron un agregado al artículo que refiere a la duración máxima del proceso judicial, que actualmente figuraba con un plazo tope de tres años de duración, y ahora se le volvió a agregar el término de que esa duración es «improrrogable».
Un punto pedido por los fiscales que sí aprobarán los diputados, según el dictamen, las modificaciones, es el del artículo 274 del código que indica a partir de cuándo empiezan a correr los plazos de la investigación, que actualmente dependía de los diferentes criterios de los jueces, y ahora comenzará a correr a partir de la audiencia de apertura de investigación.
CUPO JOVEN
Por otra parte, en la sesión de esta tarde, el diputado radical Carlos Díaz, presentará un proyecto de declaración pidiendo a los legisladores nacionales que aprueben una ley en el Congreso para que el 10 % de los fondos Fonavi para la construcción de viviendas estén destinados a los jóvenes de entre 18 y 35 años. Según los fundamentos del proyecto que se intentará aprobar sobre tablas y contaría con el aval de varios bloques, se trata de las personas jóvenes que se incorporan al mercado laboral e inician la etapa de vida en común con sus parejas, debiendo destinar gran parte de su capacidad adquisitiva a solventar el costo de elevados alquileres.
Díaz dijo que se apunta a que se fije un cupo mínimo para ese sector que comienza una vida familiar con el poder adquisitivo suficiente y aspiraciones de crecimiento pero que, por carecer de hijos, son excluidos inicialmente de las adjudicaciones de viviendas.
«El objetivo es que se amplíe la distribución y se atienda desde el Estado al grupo de edad que inicia una etapa de su vida en común y que también necesita el auxilio oficial para consolidar su familia y garantizar contención a sus futuros hijos», dice la iniciativa.
Fuente: Diario EL CHUBUT
