Un clima propio de épocas violentas parece cundir sobre la escena provincial. Se habla, se denuncia y ahora hasta se investiga la brutalidad policial, lo cual supone un cambio cualitativo en la evolución de nuestra sociedad. En los próximos días se anunciaría el reemplazo del ministro de Gobierno, Miguel Castro, quien no está en condiciones de controlar la crisis provocada por la avalancha de denuncias de brutalidad policial, sumada a los altos estándares de inseguridad en las principales ciudades chubutenses.
El diario de Madryn expone en su edición de hoy que no se advierten modificaciones en la actitud del poder; allí los argumentos siguen siendo los mismos: primero resistir las acusaciones sin el más mínimo espíritu de autocrítica y luego defenderse con formalidades. Por ejemplo, una funcionaria de Comodoro Rivadavia dijo que había recibido denuncias de torturas a jóvenes en sótanos de comisarías. El ministro de Gobierno, Miguel Castro, no se preocupó por averiguar si la policía había maltratado a los menores, en cambio se dedicó a verificar si en las comisarías de la urbe petrolera había o no sótanos. Conclusión: iniciará una acción penal contra la funcionaria porque asegura que no hay sótanos en las dependencias policiales.
Este retazo de la gestión dasnevista tiene un trazo ideológico que la define: el Gobernador siempre soñó con disponer de una “policía brava” para ejercer un riguroso control social en el marco de un esquema que incluye una vigilancia estricta sobre los empleados públicos, un manejo al menos dudoso de la obra pública, las contrataciones directas y el reparto de subsidios y una censura indirecta a los medios de comunicación a través de un política de premios y castigos a medios y periodistas, según como se paren editorialmente.
