En la sesión que esta tarde desarrolló la Legislatura, los diputados acompañaron por unanimidad una propuesta del bloque de la UCR por la cual se modificó la Ley de Acceso a las Fuentes de Información Pública, y ahora los dirigentes de las cooperativas de servicios públicos o directivos de empresas prestatarias de servicios, deberán cumplir con las mismas obligaciones de dar información que tienen los funcionarios públicos.
A la hora de fundamentar la importancia del tema en el recinto, el presidente de la bancada radical, Roberto Risso, sostuvo que “no puede ser que no se pueda acceder a los libros de las cooperativas, o que el usuario no sepa lo que pasa, porque le han dicho que es una empresa privada, pero entonces no pidan plata al estado, o no pidan que mediante una ley dispongan el aporte de los contribuyentes”.
Señaló Risso que “las cooperativas son entidades sin fines de lucro, y en lo que hace a la prestación del servicio son públicas y tienen que dar informes a la sociedad así como las empresas prestatarias” recordando que “la Ley de Ética Pública, que apunta al buen desempeño de todos los funcionarios que presten servicios, remunerados o no, también alcanza a miembros de cooperativas. Entonces explíquenme como hay funcionarios que les dice a los usuarios que vayan a Defensa del Consumidor”.
Indicó el legislador que desde la UCR “nosotros proponemos modificar esta ley para que alcance a estos funcionarios de las cooperativas. Que el gerente, los integrantes del consejo de administración estén obligados a prestar información. Y si el usuario, que no es un cliente, quiere saber sobre costos, gastos, contrataciones, estén obligados a responderle”.
Además dijo que “las sindicaturas no funcionan, es muy difícil de comprobar y vamos a tener que establecer un mecanismo ante el planteo de las quiebras de las cooperativas, porque detrás está la privatización de los servicios, y ya hay empresas que están revoloteando como buitres”.
Por eso destacó que esta ley es “un mensaje de esta Legislatura al usuario para empezar a cambiar los mecanismos de control, aunque obviamente que no alcanza, pero al menos es un mensaje de empezar a abrir algo que está demasiado cerrado”.
Y concluyó que “la ley es muy simple, más allá de que hay que discutir el fondo de sustentabilidad, pero con qué cara la clase política le va a pedir al usuario que pague un aumento del 25 al 30 % que resolvió el consejo consultivo de manera generalizada cuando la situación no es igual en todas las cooperativas, y resulta que no lo puede controlar”.
