“Es imprescindible una clara política de transparencia y extirpar definitivamente el problema de la corrupción”. La definición integra la plataforma partidaria de la Unión Cívica Radical aprobada a fines del año pasado y ratifica uno de los objetivos defendidos desde el actual bloque de diputados en la Legislatura Provincial para cuestionar a la administración del gobernador Mario Das Neves.
Este compromiso crítico, que se ha renovado a partir de “la exhibición desfachatada del aparato estatal al servicio de los candidatos oficialistas y la proliferación de anuncios y promesas”, ha sido confirmado ahora en la oferta electoral para los comicios del próximo mes en el capítulo referido a “Estado y Sociedad”.
Desde esa perspectiva, el radicalismo propone a la ciudadanía “un modelo de gestión que erradique el conflicto de intereses, el tráfico de influencias, el clientelismo, y la corporativización de la administración pública” y reclama el control del desempeño de los funcionarios y la rendición de cuentas.
“Cada miembro del Estado, cada funcionario público, deberá expresar el apego a una ética inconfundible, sustentada en los valores de honestidad y responsabilidad en sus tareas, además de sus capacidades, aptitudes y talentos”, añade la propuesta.
A nivel provincial, la fórmula radical Pedro Peralta – Raúl Barneche está secundada por una nómina de candidatos a diputados provincial integrada por José Luis Lizurume, Roberto Risso, Carina Monje, Carlos Lorenzo, Carlos Díaz, Marta Raso, José Chingoleo, Herman Torres, Liliana Llamazares, Hugo Cancino, Horacio Raval, Miguel Mansilla, Miguel Alberto Martínez, Atwel Williams, Miriam González y Haydé Rosales.
Democratización estatal
La plataforma partidaria de la UCR considera que “la consolidación de una sociedad democrática solo podrá lograrse en la medida de una efectiva democratización del propio Estado” y defiende “un estado moderno, descentralizado y funcional”.
La protección de la sociedad “sin distinciones ni discriminaciones”, sobre la base de las normas jurídicas establecidas “con sus roles perfecta e indiscutiblemente otorgados y con sus responsabilidades indelegables” son algunas de las funciones atribuidas a ese Estado en el marco de la propuesta radical.
El documento partidario se pronuncia al respecto por un Estado poseedor de “los recursos y procedimientos de recepción de las demandas, con los mecanismos precisos para satisfacerlas en la intensidad y la integralidad que sean necesarios”.
