La responsabilidad estatal sobre la salud de las mujeres que abortan

A un mes del inicio del tratamiento de la problemática del aborto en el Congreso Nacional, el reciente caso de N.M.S., la joven madre que tras la realización de un aborto clandestino en Puerto Madryn…

miércoles 12/10/2011 - 9:00
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A un mes del inicio del tratamiento de la problemática del aborto en el Congreso Nacional, el reciente caso de N.M.S., la joven madre que tras la realización de un aborto clandestino en Puerto Madryn pelea por su vida, vuelve a poner en debate la responsabilidad del Estado y sus deudas en relación a la protección de la vida de las mujeres.

Según informes conjuntos del Centro de Estudios de Población y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (2006), se estima que en Argentina se realizan, fuera de la ley y en condiciones de alto riesgo, 500 mil abortos cada año, lo que implica que 60 mil mujeres egresan anualmente de los hospitales públicos por complicaciones de abortos inseguros, sin incluir entre éstas las que van a clínicas privadas o a consultorios de médicos particulares.

Entre las consecuencias, muchas mujeres quedan con secuelas gravísimas, llegando eventualmente a perder su capacidad reproductiva. Y otras que, directamente, mueren: en Argentina, hace más de 30 años, el aborto es la principal causa de muerte materna. Según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva en un informe de este año, una de cada cuatro de las muertes ocurridas durante el embarazo, parto o en los cuarenta días posteriores, tiene como origen un aborto anterior realizado en la clandestinidad.

Las leyes vigentes en nuestro país, que amenazan con la cárcel a la mujer que aborta, no son efectivas para disuadirla de interrumpir un embarazo. La única función de dicha ley es empujarla al “mercado negro” donde, ante la ausencia de regulación y provisión de servicios sanitarios públicos, las leyes del mercado dictarán que prime el poder adquisitivo: las mujeres de clases medias y altas le pagarán a un/a profesional o comprarán Misoprostol, y las de clases bajas recurrirán a una vecina o al saber popular, con mayores riesgos.

Mil mujeres abortaron ayer y otras mil lo harán mañana. Somos nosotras, nuestras compañeras de trabajo, nuestras hermanas, nuestras amigas, nuestras parejas, las maestras de nuestros hijos e hijas, las médicas que nos atienden cuando nos sentimos mal, las señoras que limpian en casa. Las razones que llevan a esa determinación y las condiciones en que aquellos abortos se realizan varían en cada caso. Ninguna mujer interrumpe un embarazo livianamente, sin sopesar sus necesidades, deseos y valores; los de los suyos, y los de los demás. No se puede pensar que N.M.S, cuya vida peligra en el Hospital de Madryn, haya decidido interrumpir su nuevo embarazo sin haber evaluado qué era lo mejor para ella, para su familia, para los tres hijos que ya tiene.

Nuestro país ha dado grandes pasos en los últimos años: avanzó en democratizar la producción y circulación de información a través Ley de Medios de Comunicación Audiovisual; creó condiciones equitativas para el acceso a derechos como la Ley de Matrimonio Igualitario; recuperó el rol del Estado junto a las y los jubilados, y las mujeres embarazadas y niños y niñas mediante la Asignación Universal. También hemos avanzado en equidad de género con la Jubilación para amas de casa y el reconocimiento de los mismos derechos a las trabajadoras domésticas.

A un mes del inicio del tratamiento de la problemática del aborto en el Congreso Nacional, nuestra provincia, primero a través del fallo del Tribunal Superior de Justicia y luego con las medidas de la Legislatura provincial, sentó una postura ejemplar al regular la interrupción voluntaria del embarazo para los casos contemplados como no punibles desde 1921 y sistemáticamente negados.

Debe hablarse sobre estos derechos: corresponde al Estado, sus representantes y al conjunto de la sociedad, justificar por qué una mujer que se haga o consienta la interrupción voluntaria de un embarazo debe ir presa y poner en riesgo su vida. Vivimos tiempos de profundización democrática, y queda mucho camino por recorrer en materia de derechos sociales, políticos, económicos, culturales y también sexuales. Estas palabras intentar ser uno de esos pasos.

* Mg. Renata Hiller (Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA) Dr. Daniel Jones (CONICET) Lic. Lucila Martínez (Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA) Miembros de Grupo Los Altares

Autodescripción del Grupo Los Altares
Somos chubutenses. Migramos para estudiar y para trabajar. Vivimos en Buenos Aires. Creemos que como generación estamos llamados a trabajar con las herramientas de la política y la democracia para construir una Argentina más justa siguiendo el camino iniciado en 2003. Creemos que profundizar el modelo vigente es orientar esas herramientas para generar más inclusión, más trabajo, más pluralidad y más derechos para más personas.

Pero más derechos significan para nosotros la responsabilidad de traducir nuestra militancia en acciones referidas a la articulación con nuestra provincia de origen que es Chubut. Creemos en la potencia de vincular la academia, la política, las agencias estatales, los partidos, los sindicatos, las organizaciones que la sociedad se da para crecer. Democratizar es la tarea de esta generación, en nuestra Argentina Federal, en el sur de la Patria Grande.

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