La Policía bonaerense fue asistida por personal de Gendarmería Nacional, que desde las 8:30 enfrentó con gases lacrimógenos y balas de goma a los trabajadores que encendieron neumáticos.
Al menos cinco trabajadores de la planta PepsiCo fueron detenidos este jueves por la mañana en medio de un violento desalojo ordenado por la Justicia en la empresa cerrada en la localidad de Florida, en el partido de Vicente López.
Efectivos de la Infantería de la Policía de la provincia de Buenos Aires encabezaron el operativo ordenado por la jueza de Garantías N°3 de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasty, para despojar a los empleados despedidos y devolver las instalaciones a la firma de capitales estadounidenses.
A pocos minutos de iniciar el operativo, la Infantería había despejado las veredas aledañas a la fábrica con un grupo de choque provisto de escudos y gas pimienta y luego ingresó a la planta para sacar de allí a los ex empleados.
Sin embargo, unos 50 trabajadores permanecían en los techos de la planta para resistir el desalojo pedido a la jueza de la causa por parte del fiscal Gastón Larramendi. Los operarios decidieron ocupar las instalaciones el 26 de junio pasado, seis días después de que la firma cerrara de forma imprevista y comunicara la situación pegando un cartel en el portón principal.
La policía bonaerense fue asistida por personal de Gendarmería Nacional, que desde las 8.30 enfrentó con gases lacrimógenos y balas de goma a los trabajadores que encendieron neumáticos. En medio del desalojo, el grupo que resiste en los techos de la fábrica arrojó piedras y objetos a los efectivos.
En medio del operativo se hicieron presentes dirigentes políticos y candidatos como Nicolás del Caño, Myriam Bergman, Luis Zamora, Vilma Ripoll y Christian Castillo, entre otros.
Desde el interior de la planta, la nieta restituída Victoria Moyano contó en diálogo con el canal de noticias C5N que «una de las trabajadores se descompuso» y pidió asistencia médica.
La delegada gremial Catalina Balaguer expresó su temor por lo que puede suceder dentro de la fábrica, con la policía intentando persuadir a los trabajadores de abandonar el lugar. «Si adelante de las cámaras, con todas las compañeras mujeres trabajadoras, nos reprimieron brutalmente, ¿cuánto puede pasar adentro donde no entran los periodistas?», se preguntó en conversación con radio Continental. «Por eso decimos que estamos haciendo responsable al Gobierno. Tengo una compañera con la cabeza rota», agregó.
El fiscal Larramendi justificó la medida. «Pedí el desalojo de la fábrica, es una historia larga. Esto arrancó por una toma por parte del personal el día 26 de junio. Según los denunciantes tenían una imposibilidad material, operativa y de riesgo ambiental de poder continuar, motivo por el cual se trasladaron a la planta de Mar del Plata. Ante esta situación se presentaron ante la fiscalía y la empresa dijo que quería llegar a un acuerdo con los trabajadores, en ese momento no se pensaba en el desalojo», sostuvo a radio El Mundo. Y continuó: «No cuestionamos el reclamo gremial ni el laboral, ambos son lícitos, pero todos los derechos no son absolutos. El derecho a reclamar no puede avasallar el derecho de los demás. Se pidió el desalojo por el riesgo ambiental generado. Estamos ante una planta que realiza material comestible y no está comprobado que se cumplan los controles para que los productos salgan a la calle», argumentó.
