El Presidente Mauricio Macri quedó envuelto en el escándalo mundial de Panama Papers por estar asociado al manejo de una sociedad offshore, ubicada en un paraíso fiscal de Bahamas. Pero la revelación puede traerle consecuencias judiciales a nivel local, porque el dato implica -más allá de si es posible comprobar que el objetivo de la firma era lavar dinero o derivar fondos sin declarar- que su participación nunca fue incluida en las declaraciones juradas presentadas como funcionario público.
Desde presidencia negaron que Macri fuera accionista, por lo que consideraron que no tenía obligación de mencionarla entre sus activos. La filtración masiva del entramado societario y financiero incluyó el diseño de una compañía montada por el estudio panameño Mossack Fonseca en marzo de 1998 y disuelta en 2009, a través de su filial uruguaya.
El facsímil difundido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) detalla que Mossack Fonseca & Co. Uruguay le dirigió a su filial en Bahamas los datos de la firma Fleg Trading Ltd. de la que Macri fue directivo junto a su padre Francisco Macri y al hermano del actual Presidente, Mariano Macri.
Los tres aparecen en la nómina de directores. Según se informó, se trató de una derivación del holding que los Macri habían montado en la Argentina y en Brasil. Fleg Trading Ltd. se creó en marzo de 1998 y se vendió en septiembre de ese año a una compañía uruguaya, de acuerdo con los documentos difundidos. La venta informa que la factura debía hacerse a nombre del contador Santiago Lussich para la firma compradora, Bado, Kuster, Zerbino y Rachetti, ubicada en Montevideo. Otro documento lo ubica en el rol de vicepresidente.
El detalle de la venta señala que la adquisición se dio por el monto de 485 dólares, con un costo de sellos por 60 dólares y de legalización por 155 en la misma moneda. La nota sugiere además que lo más pronto posible se actualice el nombre y se lo modifique entre dos opciones que se brindan al pie del escrito.
El comunicado que emitió Presidencia buscó despegar al mandatario del escándalo y evitar posibles denuncias ya que la duración de la compañía en Bahamas coincide con su etapa como jefe de Gobierno, donde estaba comprendido por las normas de ética. El artículo 6 de la Ley de Ética Pública sostiene que la declaración jurada debe consignar la nómina detallada de todos los bienes del declarante y las sociedades «en el país o en el extranjero». En el acápite d) se solicita además que se detalle «explotaciones personales o societarias». Desde el Gobierno se defendieron con el argumento de que no obtuvo dividendos de esa sociedad conformada en un paraíso fiscal.
«Constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo», se apuró a sostener la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. Su posición, expresada a través de la red social Twitter, la dejó en el centro de las críticas porque su oficina debería ser la encargada de verificar si existió alguna falta a la Ley de Ética Pública.
Otro macrista involucrado es el ex ministro de Hacienda porteño y hoy intendente del partido bonaerense de Lanús, Néstor Grindetti. En la filtración de Mossack Fonseca -estudio que se hizo conocido por haber intermediado en la creación de sociedades en el caso Lázaro Báez- también determinó que Grindetti manejó una sociedad registrada en Panamá (tuvo un «poder especial» sobre Mercier International) y una cuenta bancaria en Suiza. Su actividad se registra entre julio de 2010 y julio de 2013, en paralelo a su función en el Ejecutivo porteño. El 15 de julio de 2010 la sociedad le otorgó otro poder para abrir, manejar y firmar una cuenta en el banco Clariden Leu AG, con sede en Zúrich. Las únicas acciones de Mercier eran al portador, un instrumento utilizado para ocultar la titularidad de las sociedades. Según revela el informe, Grindetti no reveló su vinculación con Mercier ni la cuenta bancaria en Suiza en sus declaraciones patrimoniales anuales desde 2010 a 2013, cuando estaba obligado a hacerlo.
Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, quien «tuvo actividad en el paraíso fiscal de las islas Vírgenes Británicas a partir del año 2013, cuando ya estaba afuera de la función pública», detalla el informe. Muñoz renunció en 2009, luego de ser imputado de enriquecimiento ilícito. Él y su mujer poseen una compañía denominada Gold Black Limited. En enero de 2015, Muñoz y Pochetti se convirtieron en accionistas nominales de la firma y comenzaron a figurar en los papeles con su nombre y apellido. Desde 2013, el director de Gold Black fue Sergio Todisco, un empresario de Mar del Plata dueño de la firma Textilana.
