La madre de Maximiliano Cifuentes exige fecha urgente para el juicio por jurados

A casi dos años del asesinato de Maximiliano Andrés Cifuentes, el joven de 21 años que murió apuñalado durante la madrugada del 1 de enero de 2025 en el barrio Laprida de Comodoro Rivadavia, su madre y querellante en la causa, Bárbara Luciana Sarmiento, difundió un contundente reclamo público exigiendo a la Oficina Judicial que fije de manera urgente la fecha para la selección de jurados y el inicio del juicio oral y público.

martes 17/11/2026 - 8:31
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Según detalló la mujer en su presentación, el expediente penal cuenta con un sólido caudal probatorio —compuesto por 47 testigos, registros fílmicos, pericias científicas y cotejos de ADN— que permitió al Ministerio Público Fiscal formular la acusación contra Roberto Alejandro Romero como presunto autor del delito de homicidio simple, solicitando una pena superior a los 20 años de prisión.

No obstante, pese a que la causa está lista para ser debatida desde junio de 2025 y su elevación formal a juicio fue notificada el 24 de abril de 2026, tras casi siete meses el tribunal popular aún no tiene fecha de conformación.

La última instancia procesal registrada en el legajo tuvo lugar el pasado 11 de septiembre, oportunidad en la que se revisó la prisión preventiva del imputado. Desde entonces, la familia denuncia más de dos meses de absoluto silencio institucional, advirtiendo que otras causas ocurridas con posterioridad al crimen de Maximiliano ya obtuvieron fecha de debate mientras este expediente permanece paralizado.

Temor por los plazos legales y la feria judicial

En su descargo, Sarmiento alertó sobre los riesgos jurídicos y humanos que conlleva esta dilatación, señalando que la proximidad de las fiestas de fin de año y el posterior inicio de la feria judicial de enero de 2027 amenazan con extender la espera por varios meses más. Asimismo, manifestó su profunda preocupación ante la posibilidad de que venzan los plazos legales de la prisión preventiva que pesa sobre el acusado sin que se haya dictado sentencia, lo que genera un estado de temor e incertidumbre tanto por la seguridad de su familia y de su nieta como por el riesgo de impunidad.

«Esta espera no es una simple dilación procesal: es revivir todos los días la tragedia de aquel 1 de enero. No tener acceso a un juicio en un plazo razonable equivale a que me lo maten todos los días», expresó la madre del joven, quien subrayó que el estancamiento judicial vulnera garantías consagradas en la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.

Finalmente, la querellante reiteró su pedido para que las autoridades judiciales arbitren los mecanismos administrativos necesarios de inmediato para convocar a los doce ciudadanos que deberán evaluar las pruebas y dictar un veredicto. «Maximiliano ya no puede hablar, hablo yo por él. Solo pido lo que la ley manda: justicia por mi hijo de 21 años», concluyó

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