La jueza penal Eve Ponce reconoció a 23 animales rescatados de una finca de Rawson como seres sintientes y titulares del bien jurídico protegido por la legislación vigente, tras hacer lugar al pedido presentado por la fiscal jefe Florencia Gómez, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Desarrollo (UFEAyDA).
Los animales habían sido rescatados durante distintos allanamientos realizados en una vivienda de la ciudad, donde se encontraban en condiciones de hacinamiento severo, con acumulación de materia fecal y orina de larga data, escasez de agua y alimento y sin un plan de vacunación antirrábica.
Según los informes incorporados a la investigación, varios de los ejemplares presentaban conjuntivitis y cuadros respiratorios y neurológicos, derivados del cruce descontrolado entre los animales. Durante los procedimientos también fueron encontrados cuerpos en estado de descomposición, que permanecían en el mismo lugar.
La Fiscalía fundamentó su planteo en los informes elaborados por la Dirección General de Veterinaria de la Municipalidad de Rawson, las actas de los procedimientos y el material fotográfico y fílmico incorporado al legajo.
A partir de estos elementos, Gómez encuadró los hechos como maltrato y crueldad animal, conforme a los artículos 2, inciso 1, y 3, inciso 7, de la Ley Nacional N° 14.346, en concurso ideal con la violación de normas de policía sanitaria prevista en el artículo 206 del Código Penal.
En su presentación, la fiscalía también invocó el artículo 41 de la Constitución Nacional y el artículo 109 de la Constitución de Chubut, junto con la Ley 14.346, la Ley I-683 —modificada por la Ley I-814— y la Ordenanza Municipal N° 8979.
Desde la Fiscalía señalaron que este marco normativo no tiene como único objetivo sancionar a quien ejerce maltrato, sino también garantizar la vida y la integridad de cada animal como un valor protegido por sí mismo.
En ese sentido, la jueza Ponce resolvió reconocer a los 23 animales rescatados como seres sintientes y titulares del bien jurídico amparado por estas normas.
Además, dispuso que los ejemplares fueran entregados de manera definitiva a las familias que habían asumido su cuidado y firmado las correspondientes actas de compromiso en carácter de depositarios judiciales.
