Este viernes 15 de mayo, el equipo de antropología forense a cargo de la investigación finaliza las excavaciones en el Cementerio Oeste de la ciudad de Comodoro Rivadavia. La medida judicial tiene como propósito el esclarecimiento de la desaparición forzada de un joven de 26 años, ocurrida durante la madrugada del 3 de octubre de 2003.
Los trabajos en el predio demandaron una inversión estatal cercana a los 22 millones de pesos. Durante el procedimiento, que debió extenderse una jornada más de lo planificado originalmente, participó un representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en calidad de veedor, quien a su vez asiste legalmente a la madre de la víctima.
La labor pericial consistió en la apertura de veinte sepulturas no identificadas y la posterior extracción de muestras óseas. A partir de ahora, la información recolectada será clasificada para descartar los restos que, por sus características físicas evidentes, no coincidan con el perfil de la víctima. Las muestras seleccionadas requerirán la aprobación de un nuevo presupuesto judicial para ser sometidas a un análisis de ADN.
El reclamo familiar y el contexto del caso
La madre del joven desaparecido manifestó públicamente su desconfianza hacia el proceso, denunciando irregularidades previas en el manejo de cuerpos sin identificar dentro del cementerio local. La familiar sostiene la hipótesis de que su hijo se encuentra con vida tras haber sido víctima de trata de personas, fundamentando su postura en un video registrado en 2019 dentro de una prisión en Paraguay, donde creyó reconocerlo.
La investigación judicial comprobó que, en octubre de 2003, la víctima fue interceptada por un móvil policial en las inmediaciones de un local bailable y trasladada a la comisaría local. Los registros oficiales de la dependencia fueron manipulados para ocultar el ingreso. Sin embargo, mediante el testimonio de otros detenidos, se probó que el joven sufrió graves torturas físicas en el interior de la sede policial antes de ser retirado del lugar de forma clandestina. Uno de los testigos fundamentales de este hecho fue asesinado en 2005 dentro de su celda, días después de solicitar protección internacional por amenazas policiales.
Por su participación probada en la detención ilegal, las torturas y el ocultamiento posterior, la Justicia Federal ya condenó en dos juicios orales a cuatro efectivos policiales a penas de entre 12 y 15 años de prisión. Actualmente, la Justicia tiene pendiente la realización de un tercer debate oral para juzgar a otros agentes involucrados.
El caso generó un impacto institucional directo. En el año 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia internacional contra el Estado Argentino por múltiples violaciones a los derechos humanos, lo que obligó al país a sancionar la ley 26.679, la cual incorporó el delito de desaparición forzada al Código Penal de la Nación.
Líneas de contacto y recompensa
El Ministerio de Seguridad de la Nación mantiene vigente una recompensa de 15 millones de pesos para quienes aporten datos certeros sobre el paradero de la víctima. Las autoridades habilitaron la línea telefónica nacional 134 para recibir denuncias vinculadas al caso, garantizando la total confidencialidad y el anonimato de los informantes.
El hombre buscado mide aproximadamente 1,70 metros, posee cabello castaño oscuro y ojos marrones claros. Como características físicas distintivas, tiene tatuajes de un sol en la mano izquierda, un escudo del Club Atlético River Plate e inscripciones en distintas partes del cuerpo.
Con información de La Opinión Austral.
