Con el envío de la Ley Ómnibus al Congreso y la publicación del decreto de Necesidad y Urgencia de desregulación económica (70/2023) del jueves pasado, Javier Milei presentó sus principales propuestas de gobierno en una diferencia de siete días.
La forma de impulsar las reformas estructurales -a grandes rasgos por decreto y con una ley que compone modificaciones en nueve áreas clave- fue un punto de debate dentro del oficialismo, que terminó por definirse por una estrategia de rapidez y shock.
Al respecto, un funcionario del Gobierno le expresó a TN: “Esto es a todo o nada. No nos sirve tratar las reformas de forma separada y trabada. La gente necesita que lo que proponemos arranque a regir y que se apruebe rápido. Tenemos urgencia de caja y de desarrollo económico”.
En principio, esto tiene que ver con que las propuestas del libertario iban a ser impulsada en tres leyes encadenadas (económica, política y del Estado) para tratarse una por una en Diputados y en el Senado. La idea surgió de un planteo de los legisladores de la Libertad Avanza respecto a la negociación de cada una.
Sin embargo, en la última semana esa iniciativa perdió fuerza y se decidió que la desregulación económica salga en parte por DNU, a la par de la reforma laboral.
De esa forma, se envió dentro de la Ley Ómnibus, llamada “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, a la reforma política junto a la impositiva y a las de Seguridad, Defensa, Justicia, Infraestructura y Capital Humano.
La inclusión de tantas reformas en el primer proyecto que mandó el oficialismo al Congreso fue otro motivo de disputa dentro de La Libertad Avanza, ya que hubo diferentes posiciones respecto a los temas de urgencia.
En ese sentido, más allá de que los libertarios aluden a que todavía faltan muchas modificaciones en todas las áreas, en las líneas oficialistas se manifestaron varios disidentes en torno a la ambición de lograr sancionar tantas normas juntas de distinto ámbito.
En ese contexto, los dirigentes que caminan los pasillos de Casa Rosada repiten la idea de que como tuvieron el apoyo del 55.69% del electorado en las elecciones, los legisladores opositores deberían apoyar sus modificaciones.
“La gente nos votó para hacer lo que estamos haciendo. En caso de oponerse, cada diputado y senador debería explicarle a los argentinos por qué rechaza la voluntad de la mayoría”, expresó a TN un funcionario.
En ese marco, Milei apunta a la presión social hacia los diputados y senadores de otras fuerzas en línea con el poco tiempo de tratado parlamentario que condijo el llamo a sesiones extraordinarias (del 26 al 31 de diciembre).
Es por eso que dentro de La Libertad Avanza rige la idea del todo o nada. Se trata de una Ley Ómnibus de 664 artículos y con una longitud de 351 páginas, que los legisladores deberán analizar y sancionar en cuatro días.
El martes, Milei apuntó contra los diputados de otras fuerzas políticas de la siguiente forma: “Cuando entra la maquinaria del Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo. Parte de esa lentitud es porque buscan coimas”.
“Algunos, no dije todos. Pero a esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas. Esto apunta contra los corruptos, esa dinámica para vender sus votos. Ojo que hay mucho vivillo dando vuelta”, agregó en una entrevista televisiva.
Dentro del todo o nada, la suerte del DNU se juega en la comisión bicameral de Trámite Legislativo que lo analizará y luego dictaminará a favor o en contra. Hasta el momento, no se conformó y se siguen discutiendo los espacios.
Según se pudo saber, la titular del Senado, Victoria Villarruel, evalúa tanto citar a su trabajo dentro de los próximos días como no hacerlo y dejarlo para las sesiones ordinarias de marzo. “Todo depende de la negociación, no vamos a regalarle un lugar al kirchnerismo para que nos haga de carnicero durante todo el gobierno”, le expresó a este medio un dirigente.
En ese contexto es que Milei incluyó dentro del paquete la emergencia pública y su consecuente atribución de facultades en las áreas de economía, finanzas, energía, previsional, sanidad, seguridad, defensa, tarifaria, administrativa, social y fiscal.
Es por esto que sumó al final de la letra de la ley una ratificación del DNU de desregulación económica que salió el jueves pasado. Busca darle mayor respaldo frente a una eventual judicialización.
Milei avanzó con las propuestas de reorganización administrativa con el fin de intervenir los organismos públicos descentralizados con la excepción de las universidades.
De esa forma, se quiere adjudicar la facultad de regular y concentrar en un marco normativo el régimen de contrataciones aplicable a toda la Administración Pública Nacional. Esto tiene que ver con las auditorías de los ministerios y su reestructuración.
En ese esquema, propone declarar sujetas a privatización a las empresas públicas luego de que hayan pasado a organizarse detrás del tipo jurídico de sociedades anónimas.
Además, apunta a suprimir los recursos y a dejar en manos de terceros toda la prestación de servicios y la construcción de la obra pública en línea con la venta de bienes del Estado, como pueden ser edificios en desuso.
Respecto a la reorganización económica, Milei tiene el objetivo de que se sancionen las modificaciones en el impuesto a Bienes Personales, una moratoria para ajustar las cuentas y un blanqueo de capitales, que permitiría ingresar hasta 100.000 USD sin pagar impuestos.
En ese aspecto, plantea la suba de retenciones de la soja de un 31% al 33% y propone dejar en un 8% al sector vitivinícola y a lo proveniente de aceite de limón. Ofrece 0% de retención a los productos ligados a lo lácteo, olivícola, frutícola y a la yerba, papa, cueros bovinos, entre otros.
