En el marco de un juicio por jurados, un tribunal popular declaró este viernes 6 de noviembre por unanimidad al imputado D.A.A. culpable de todos los cargos formulados por la fiscalía en una causa por abuso sexual intrafamiliar.
Tras el cierre del debate y la exposición de los alegatos finales de las partes, los ciudadanos que integraron el jurado deliberaron y coincidieron en la responsabilidad penal del acusado por tres hechos de “abuso sexual simple agravado por ser cometido contra una menor de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente”; un hecho de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado” bajo las mismas circunstancias; y dos hechos de “abuso sexual con acceso carnal agravado”.
Prisión preventiva y debate por la libertad
Conocido el veredicto condenatorio, la fiscal María Laura Blanco solicitó la prisión preventiva del imputado al advertir la existencia de peligro de fuga. La representante del Ministerio Público Fiscal requirió que la medida de coerción se extienda por el plazo de seis meses o hasta que la sentencia quede firme, lo que ocurra primero.
En contraposición, la defensora oficial María de los Ángeles Garro argumentó que su asistido compareció a todas las citaciones a lo largo del proceso, descartando así cualquier riesgo procesal, y solicitó su libertad hasta tanto el fallo adquiera firmeza. De manera subsidiaria, la defensa peticionó presentaciones semanales ante la Oficina Judicial y la prohibición de salir de la ciudad.
Finalmente, el juez penal Jorge Odorisio hizo lugar al planteo de la fiscalía, compartió los argumentos expuestos y ordenó la prisión preventiva de D.A.A. por el término de seis meses o hasta la firmeza de la sentencia.
El proceso judicial continuará este próximo jueves 12 de noviembre, a las 14:00 horas, oportunidad en la que se llevará a cabo la audiencia de cesura o imposición de pena, donde las partes debatirán los años de condena que deberá cumplir el imputado.
Resguardo de la víctima
Cabe recordar que la identificación del imputado únicamente mediante iniciales responde a los protocolos del Ministerio Público Fiscal para causas de abuso sexual intrafamiliar o violencia familiar. Al tratarse de delitos cometidos en el ámbito privado y de convivencia, la difusión del nombre del agresor permitiría la identificación indirecta de la víctima dentro de su entorno. De esta forma se busca evitar la revictimización y garantizar la protección integral de sus derechos, aclarándose que la anonimización no aplica para casos de abuso de índole no intrafamiliar.
