La Justicia elevó a juicio la causa en la que el dueño de la estancia “La Perla”, el productor ganadero Ricardo La Regina, es acusado por la muerte de 105 pingüinos y la destrucción de 175 nidos, en el marco del caso “Punta Tombo”.
Para la fiscalía, los hechos imputados a Adolfo La Regina representan un daño grave e irreversible contra la biodiversidad y los ecosistemas para las generaciones futuras y los recursos de la provincia de Chubut. Al dueño de la estancia se lo responsabiliza por haber ejecutado un camino paralelo a la costa, sin autorización previa, produciendo la afectación de nidos en etapa de reproducción. Tanto el imputado, como su defensor, Federico Ruffa, no estuvieron presentes en el recinto, optando por seguir la audiencia en forma virtual, según pública Diario Jornada.
La jueza Breckle avaló la acusación que resume la investigación realizada por la fiscal general, María Florencia Gómez, con el apoyo científico de numerosos especialistas en el tema, muchos de los cuales se convirtieron en querellantes. “Las organizaciones ambientales internacionales se unieron inéditamente porque jamás habían participado directamente de una causa penal”, resaltó Gómez.
Breckle también aceptó un pedido de la fiscal y los querellantes para que el juicio oral y público sea ventilado ante un Tribunal colegiado, teniendo en cuenta la pretensión punitiva de los acusadores. La fiscal Gómez, comentó que “la conformación del tribunal se debe a la solicitud de pena de 12 años de cárcel por parte de la querella de Greenpeace Argentina, la Fundación Patagonia Natural, y la Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas”. Por su parte, la Fiscalía y el Ministerio Público Fiscal, solicitaron 4 años.
Se trata de un caso sin antecedentes porque desnuda la falta de reglamentación que existe acerca de los delitos ambientales en Argentina: “La flora y fauna nativa no están protegidas en este país. Hay leyes de 1954 que son obsoletas y que no reflejan la magnitud del daño que se hizo, en este caso en Chubut; reflejaban un delito penal muy básico con una escala penal muy chica”.
“La gente tiene que entender que una persona puede ser dueña de un campo, pero nadie es dueño de la naturaleza. Esta pertenece a todo el mundo y estamos obligados a cuidarla”, agregó.
El representante de la Fiscalía de Estado, Martín Castro, expresó: “Estamos hablando de animales que tienen que ser internacionalmente protegidos, como sucedió en el caso de ‘ecocidio’ en Suiza y que es una doctrina que se va a instaurar en el Estatuto de Roma y eso va a tener un coletazo para legislaciones internas. En Chubut no se destruyó solamente a los pingüinos; se destruyó parte de un ecosistema y ese daño es irreversible”.
