COMODORO RIVADAVIA – Dos denuncias policiales dispararon investigaciones en los juzgados federales de esta ciudad y Esquel, a raíz del incumplimiento del distanciamiento obligatorio durante el desarrollo de movilizaciones sociales.
La primera apunta a identificar al grupo de vecinos que rompió la cuarentena para impedir el paso del empresario Cristóbal López a su campo en Lago La Plata, y la segunda por una marcha de grupos antimineros en la cordillera de Chubut.
Ambas denuncias fueron presentadas por los jefes policiales en el marco del decreto nacional vigente por la pandemia y por la supuesta violación al artículo 205 del Código Penal, a partir del decreto del presidente Alberto Fernández en el que se establecieron una serie de medidas para evitar la propagación del coronavirus.
La Justicia deberá investigar sobre la base del artículo del Código Penal que tipifica los delitos contra la salud pública. Según se establece, «será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia».
Este artículo tiene por objeto sancionar aquellas acciones u omisiones dolosas a través de las cuales se pueda introducir o propagar una epidemia.
El primer caso que tramita el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia comenzó a partir de la denuncia del jefe policial de Alto Rio Senguerr. En esta localidad, un grupo de vecinos impidió el ingreso del hijo de Cristóbal López junto a su familia, en un retén que es paso obligatorio al campo que el empresario tiene en Lago La Plata.
Por la noche, fue el propio López el que se acercó al lugar para reclamar por esta situación, lo que provocó la inmediata aglomeración de vecinos pidiendo que deje el pueblo. A partir de la denuncia, la justicia deberá investigar si efectivamente el grupo rompió la cuarentena mediante la individualización de las personas que participaron de la protesta.
«Por el momento no hay citaciones debido a la continuidad de las medidas de aislamiento», aseguraron fuentes a La Nación.
ANTIMINEROS
El segundo caso ocurrió este lunes que caería en manos del juez federal de Esquel,, Guido Otranto. En esta oportunidad, grupos antimineros marcharon el calles céntricas de la localidad cordillerana.
El Jefe de la Unidad Regional, Víctor Acosta, sostuvo en declaraciones a FM Del Lago que «se identificaron personas y esas actas se elevan a la justicia federal. Se quebrantaron todas las normas». Agregó que «ayer se identificaron personas y esas actas se elevan a la justicia federal», en relación con la falta de cumplimiento de los protocolos de salud en el marco de la pandemia del coronavirus.
Este lunes, en la ciudad cordillerana, un numeroso grupo de vecinos salió a las calles y habrían incumplido el distanciamiento preventivo para prevenir la propagación del coronavirus. Si bien la marcha convocada en Esquel instaba a ser «autocuidada, con tapabocas y distancia», el caso abrirá otra investigación.
El Código Penal sanciona la violación de las medidas adoptadas por la autoridad competente (nacional, provincial o municipal) con el objetivo de evitar la introducción o propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa, el comportamiento que se pena puede ser tanto una acción o una omisión.
Se trata de un delito doloso, es decir, requiere del conocimiento y la voluntad de quien realiza esa conducta tipificada mediante el incumplimiento de la obligación (omisión) o por la violación de la prohibición (acción) dispuesta por la autoridad competente.
«Estas investigaciones no criminalizan las protestas. El decreto nacional fue emitido en pos de un bien superior que es el cuidado de la salud pública en el marco de una pandemia», explicaron fuentes judiciales a LA NACION.
Fuente: LA NACION/ Ana Tronfi
