La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó nuevas derivaciones luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitara avanzar sobre posibles delitos tributarios vinculados con los movimientos económicos del exfuncionario y su esposa, Bettina Angeletti.
Según el dictamen fiscal, el 92,9% de los gastos identificados en dólares se habría realizado en efectivo, lo que representa aproximadamente 374.000 dólares sobre un total superior a los 402.000 dólares destinados a propiedades, refacciones, viajes y otras operaciones.
Uno de los principales puntos bajo análisis corresponde a las remodelaciones de una vivienda en el Country Indio Cuá y al equipamiento de un departamento ubicado en Caballito. De acuerdo con la investigación, el matrimonio habría entregado 245.000 dólares en efectivo a un contratista desde noviembre de 2024.
La defensa de Adorni cuestionó esa cifra y presentó un peritaje privado que reducía el monto a 175.000 dólares. Sin embargo, el fiscal sostuvo la estimación original a partir de documentación, declaraciones testimoniales y mensajes recuperados durante la investigación.
La investigación también incluye la compra de un departamento en Caballito por 295.000 dólares, operación en la que se habrían realizado pagos y acuerdos comerciales sin la correspondiente registración tributaria.
A partir de estas irregularidades, Pollicita solicitó que se investigue a los empresarios y profesionales que participaron en las operaciones, entre ellos el contratista Matías Tabar y los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo. También pidió revisar la actuación de la escribana Adriana Nechevenko.
Sin embargo, el fiscal consideró que no existen pruebas suficientes para sostener una acusación por enriquecimiento ilícito contra Adorni, ya que no pudo descartarse que parte de los fondos proviniera de inversiones en criptomonedas realizadas antes de su ingreso a la función pública.
Por este motivo, solicitó trasladar el expediente a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para determinar si existieron maniobras de evasión impositiva.
La causa todavía no está cerrada ni implica un sobreseimiento del exfuncionario. Ahora será el juez Ariel Lijo quien deberá resolver si acepta el pedido del fiscal y dispone que la investigación continúe en el fuero correspondiente.
