Intento de Golpe de Estado en Brasil: El tribunal supremo ordenó al Ejército desmantelar los “campamentos bolsonaristas”

Manifestantes del expresidente Jair Bolsonaro, irrumpieron con destrozos el Congreso y Palacio de Justicia el día de ayer en Brasil, donde reclaman la intervención militar para derrocar a Lula. El magistrado Alexandre de Moraes, manifestó que “nada justifica la existencia de campamentos terroristas, financiados con la complacencia de autoridades civiles y militares de forma totalmente subversiva”.

lunes 09/01/2023 - 9:38
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En el día de ayer, cientos de seguidores del ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro invadieron este domingo el predio del Congreso Nacional en una manifestación que pide una intervención militar, para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según publica Infobae.

El grupo, que defiende las ideas golpistas, logró sobrepasar una barrera policial y subió la rampa que da acceso al techo de los edificios de la Cámara de Diputados del Senado, y algunos de los manifestantes ingresaron a la sede legislativa.

Luego de horas intensas, la policía militar brasilera logró recuperar el control del Congreso y del Palacio Presidencial. Lula, que se encontraba en el interior de Sao Paulo, se presentó en las instalaciones luego de que detuvieran a un gran número de manifestantes.

De esta manera, el Gobierno brasilero comenzó con las investigaciones sobre el intento de golpe de Estado; donde Fiscalía, la Policía y el Ministerio de Relaciones institucionales de Brasil, coincidieron en la necesidad de dar con los responsables de las acciones registradas el domingo.

Este lunes, las fuerzas de seguridad bloquearon el área alrededor del Congreso, Palacio Presidencial y la Corte suprema.

Actualmente, el Tribunal Supremo ordenó al Ejército desmantelar todos los “campamentos bolsonaristas” en 24 horas, donde el magistrado Alexandre de Moraes manifestó la importancia de este accionar mientras intentan arrestar a “todos aquellos manifestantes que aún queden en las calles”, tras una jornada que dejó hasta el momento al menos 300 detenidos.

En esta orden judicial, Moraes expresó que “nada justifica la existencia de campamentos de terroristas, financiados con la complacencia de autoridades civiles y militares de forma totalmente subversiva y sin respeto alguno hacia la Constitución”.

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