Reclaman la llegada de las unidades restantes para ser absorbidos por la empresa concesionaria y denuncian un deterioro en el servicio que afecta a los usuarios.
La transición en el sistema de transporte urbano de pasajeros de Comodoro Rivadavia atraviesa horas críticas para un numeroso grupo de trabajadores. Andrés Vargas e Ignacio Albornoz, voceros de los 72 ex choferes de la empresa Patagonia Argentina que quedaron marginados de la nueva prestación, denunciaron encontrarse en una situación de total desamparo e «incertidumbre laboral» ante la falta de respuestas por parte del Poder Ejecutivo y del cuerpo legislativo municipal.
Según explicaron los referentes, actualmente perciben sus haberes a través de Patagonia Argentina gracias a un acta acuerdo firmada ante la Secretaría de Trabajo tras el traspaso del servicio. Sin embargo, dicha cobertura salarial tiene como fecha límite el 31 de octubre. «Ya pasó un mes y medio del acuerdo que nos sostiene el sueldo por tres meses y no sabemos qué va a pasar después. Estamos en un limbo porque no tenemos seguridad de nada y tampoco podemos buscar otro empleo sin perder la antigüedad de compañeros que llevan entre 15 y 25 años en el servicio», advirtió Vargas.
Los trabajadores recalcaron que el pliego de licitación original estipulaba una flota de 121 colectivos, pero que la prestación comenzó con un esquema reducido a 95 unidades, postergando la incorporación de los vehículos restantes. Con base en la fórmula de cálculo del pliego —que contempla 2,83 choferes por unidad—, la llegada de los 25 colectivos faltantes permitiría la reabsorción total de las 72 familias que hoy permanecen en la incertidumbre.
Notas sin respuesta y críticas al funcionamiento del servicio
El pasado jueves, el grupo de choferes presentó notas formales tanto en la Municipalidad como a cada uno de los concejales, incluyendo sus vías de contacto para abrir una mesa de diálogo. A pesar de haber tenido un breve cruce informal con el intendente Macharashvili en la sede municipal donde se les prometió una convocatoria, hasta el momento no han recibido ninguna citación oficial por parte del Municipio ni de la Secretaría de Transporte.
Por su parte, Ignacio Albornoz apuntó contra la falta de controles sobre la operatividad en las calles y cuestionó las decisiones del Ejecutivo local en torno a los costos del sistema. «Dicen que con 95 unidades la ciudad marcha perfectamente, pero cualquiera que anda en la calle ve garitas rebalsadas y esperas de 40 minutos. Redujeron colectivos argumentando un ahorro en subsidios, pero al mismo tiempo envían proyectos al Concejo para aumentar el boleto. Se termina perjudicando al usuario con menos frecuencia y un servicio más caro», enfatizó. Ante la falta de comunicación con la nueva empresa operadora y los tiempos que se agotan de cara a fin de octubre, los trabajadores confirmaron que intensificarán sus reclamos en los medios de comunicación y evaluarán el inicio de medidas de fuerza y acciones legales para garantizar la continuidad de sus puestos de trabajo.
