El Obispado de Comodoro Rivadavia emitió ayer un comunicado planteando la necesidad de que «se cumpla con las leyes a favor de la niñez”, antes que impulsar una baja en la edad de imputabilidad.
Las declaraciones llegaron después de que la presidente Cristina Kirchner aseguró que discutir que si es 14 o 16 años la edad de imputabilidad para los jóvenes que delinquieren “es desviar el problema”.
“Siempre digo que la verdadera política de seguridad pasa por la seguridad objetiva de tener buenas instituciones policiales, buenos jueces y también políticas indirectas como el ingreso a una universidad”, señaló la Presidente.
En Chubut fue el gobernador Mario Das Neves quien se pronunció a favor de bajar la edad de imputabilidad, ya que –a su criterio– “un pibe de 14 años de hoy no es lo mismo que en nuestra época”.
En este marco es que la Pastoral Social de la Diócesis de Comodoro Rivadavia emitió un comunicado titulado “Ningún pibe nace chorro”.
Indicaron que se volvió a instalar con fuerza la idea de que uno de los factores determinantes de inseguridad son los delitos y conductas violentas cometidos por jóvenes y adolescentes en particular. Esta idea –según la Diócesis– además de “falsa es peligrosa ya que acentúa la descarga punitiva sobre los adolescentes, desconociendo que poseen historias atravesadas por la vulneración de derechos, producto de políticas económicas inmorales, de la desidia del estado-gestión y de la indiferencia de una sociedad que ahora los culpabiliza, dirigiendo la discusión hacia el castigo y no hacia la adecuada preparación para la vida en libertad”.
Lo que no se cumple
En otro apartado del documento, indicaron que pese al compromiso asumido por el país como estado-parte, de respetar los principios y el paradigma de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pese a la sanción de la Ley Nacional de Protección 26.061, y pese a la ley provincial de Protección Nº 4.347 y al reordenamiento institucional provocado por ella, “observamos que no se cumple con la letra de la ley, vaciando de contenido la vigencia de esos derechos a favor de la niñez, la adolescencia y la familia. Constatamos la ausencia de políticas públicas integrales, efectivas y con permanencia en el tiempo que promuevan un mejor crecimiento y desarrollo de nuestros niños y adolescentes”.
Finalmente expresaron que “exigimos la efectiva aplicación de las leyes con la asignación de recursos correspondientes, con instituciones y organismos articuladas entre sí y cuyos integrantes sean profesionales, técnicos y operadores capacitados, supervisados y sostenidos en su tarea, jerarquizados laboralmente, con la logística y la infraestructura necesaria para su desempeño. Porque no se trata de sancionar ni modificar leyes sino de cumplir con las que ya existen. Son decisiones políticas impostergables”.
(El Patagónico)
