El senador nacional Marcelo Guinle reclamó que la empresa Repsol YPF “baje” a la provincia a negociar con los trabajadores jerárquicos y que sus máximas autoridades “definan interlocutores válidos que negocien de buena fe para poner punto final a este conflicto que afecta a la región y al país”.
“Algunos parecen no recordar los sucedido en el año 2005. Quienes vivimos de cerca esa situación sabemos que no puede ni debe repetirse un escenario como aquel, pero lamentablemente cada día que pasa no hace más que confirmar que estamos en presencia de una situación potencialmente explosiva”, señaló el legislador, en referencia al conflicto con Petroleros Privados de aquel año, que incluyó la toma de Termap y paralizó la actividad por varias semanas, informó un comunicado de prensa del senador.
Para Guinle, “el concepto de “paz social” requiere un marco de negociación abierta, honesta y transparente. No se trata, de ninguna manera, de una imposición del Estado a los trabajadores, sino que requiere un esfuerzo compartido tanto por los empresarios como por los trabajadores para negociar en un marco de buena y encontrar un punto de equilibrio”.
“Ninguna acción violenta puede ser justificada, pero es preciso señalar que también se producen tensiones y violencia cuando una parte no negocia o no cumple con la legislación y los convenios vigentes y al mismo tiempo niega el diálogo con los trabajadores o las propias pymes locales”, remarcó.
“Es imperioso obrar con honestidad y responsabilidad social desde todos los sectores. Resulta incomprensible que mientras la provincia de Chubut es la primera productora de hidrocarburos del país, existan fuertes conflictos abiertos con los trabajadores del sector, por un lado, y con las pymes regionales por el otro”, puntualizó Guinle, al tiempo que reclamó “aportes concretos, serios y constructivos de todos los actores involucrados”.
“Es de hipócritas pedir al sector de los trabajadores y al de las pymes sacrificios permanentes mientras la rentabilidad de las operadoras se mantiene imperturbable”, acusó.
“Quienes explotan recursos concesionados por el Estado, tienen la obligación de transparentar los resultados económicos de su actividad, y de actuar en consecuencia ante las demandas de los trabajadores y las empresas pequeñas y medianas que sostienen su negocio”, finalizó.
