El fiscal Omar Rodríguez, jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, dijo que los allanamientos y detenciones que involucraron a Diego Correa, y a cuatro personas más, responden a un pedido suyo al juez de Garantías Sergio Piñeda ante avances en la investigación de presuntos sobreprecios en compras y contratos de la Administración Pública provincial.
En diálogo con Télam, Rodríguez señaló que «Se harán los trámites para la audiencia en la que se les formularán los cargos a los detenidos», agregó el fiscal, quien indicó que estas medidas procesales «se realizarán entre viernes y el sábado”, próximos.
Durante los operativos, Correa fue apresado cuando salía de su casa junto a su esposa, que también quedó detenida. Además, se detuvo a dos empresarios de la construcción, uno de la ciudad de Puerto Madryn y otro en el balneario de Playa Unión, durante allanamientos a sus viviendas.
“La detención se produce porque hay datos objetivos en la causa de que las personas estaban entorpeciendo la investigación, por permanecer en cargos estratégicos y además porque existe el peligro de fuga, que es otra de las causales”, subrayó Rodríguez.
“Las viviendas allanadas están a nombre de interpósitas personas; podemos decir como se indica habitualmente que hay testaferros”, agregó el fiscal, quien indicó que se incautaron autos de alta gama y dinero en efectivo.
Cabe destacar que la serie de operativos fueron supervisados por el secretario chubutense de Seguridad, Federico Massoni y el jefe de la Policía de Chubut, Miguel Gómez.
La investigación de presuntos hechos de corrupción comenzó en agosto del año pasado, luego del hallazgo de un sobre debajo de una escalera de la Legislatura que despertó la sospecha de que contuviera explosivos, lo que llevó al desalojo del edificio y a la intervención de expertos de la Policía.
“Nosotros ni bien supimos de esos datos hicimos la denuncia y eso derivó en otros actores, como por ejemplo Diego Correa, que era la mano derecha de (Mario) Das Neves (el fallecido gobernador chubutense), de quien se sospecha que había armado una empresa constructora para beneficiarse con obras públicas”, señaló por entonces el diputado Blas Meza Evans, uno de los denunciantes.
