Una comitiva de Interpol procedente de Chile aterrizará hoy en la ciudad chubutense de Esquel para concretar el traslado del mapuche Facundo Jones Huala, quien será extraditado para seguir cumpliendo la condena que le impuso la Justicia trasandina y que expira en junio de este año.
El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) pretendía agotar la condena en la Unidad 14 de Esquel, donde permanece detenido desde hace poco menos de un año, aunque la Justicia chilena solicitó a través de los carriles diplomáticos la extradición del dirigente para que termine de cumplir en ese país los seis años de prisión que le impusieron en diciembre de 2018, indica Infobae.
El único integrante expreso de la RAM fue condenado por el incendio de un fundo en la región de los Ríos, en 2013, y la portación ilegal de armas de elaboración casera, delitos por los que fue condenado a nueve años de prisión. La pena luego se redujo a seis.
Tras completar dos tercios de la condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco se le otorgó libertad condicional, con la obligación de cumplir pautas de conducta estrictas. Sin embargo la Corte Suprema de Chile, en febrero de 2022, revocó el beneficio y ordenó que regrese a prisión. En ese entonces su paradero ya era incierto.
El operativo de traslado se mantiene bajo un estricto hermetismo para evitar posibles manifestaciones de agrupaciones mapuches que intenten entorpecerlo aunque fuentes del caso confirmaron que el mismo se concretará este jueves.
Jones Huala apeló a distintas estrategias para evitar, una vez más, ser extraditado. A los recursos legales que presentaron sus abogados, se sumaron otras tácticas para intentar permanecer tras los barrotes de la cárcel chubutense, dependiente del Servicio Penitenciario Federal, y no cruzar la Cordillera de los Andes.
Así inició dos huelgas de hambre a lo largo de 2023. La primera de ellas al día siguiente de haber sido capturado por la Policía de Río Negro en una vivienda de El Bolsón, donde fue sorprendido en estado de ebriedad y vestido con prendas femeninas.
Luego, en noviembre, inició un reclamo idéntico con consecuencias más complejas para su salud, situación por la que tuvo que ser internado en el Hospital Zonal de Esquel. “Está muy grave”, resumió en ese entonces Eduardo Soares, su abogado defensor, integrante de la Gremial de Abogados de Argentina.
Cuando la extradición era inminente y ya se habían agotado las chances legales para evitarlo, el convicto levantó la medida y volvió a ingerir líquidos y alimentos sólidos, tras 25 días sin hacerlo. “Ya no hay nada por hacer, lo que se podía, lo hicimos”, agregó el letrado. La extradición era inminente.
En agosto sus abogados plantearon la posibilidad de que agote la pena en Argentina, basándose en un tratado vigente que lo permite y en tratados internacionales de los pueblos originarios. Sin embargo ninguno de los recursos elevados logró revertir su derivación.
El plazo para concretar el operativo –del que aún no hay precisiones- expira este domingo, 33 días más tarde de la firma del ex Presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien sentenció la extradición.
Referentes del Movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu expresaron que “nunca se ha respetado la condición política del conflicto” y llamaron a “estar atentos al inminente traslado de extradición para seguir resistiendo y recuperando nuestro territorio como derecho ancestral”.
En 2018 el dirigente mapuche cursó su primer juicio de extradición, cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó la resolución del juez de primera instancia, para que sea Juzgado en Chile.
A diferencia del proceso actual, ahora será extraditado para seguir purgando la pena que le impusieron en aquel entonces y a mitad de año podría quedar en libertad.
