En conferencia de prensa, explicó: “Tenemos muchos damnificados y bueno, en ese contexto vengo a entrevistarme con algunos de ellos para tratar de sistematizar la información y poder obtener evidencia de la mayor calidad y cantidad posible”.
Hasta el momento no hay caratula específica porque aún se está reuniendo evidencia para determinar cuál es el o los delitos que se encontrarían incursos en la investigación. Igualmente, sostuvo que “en principio, por supuesto está el 172 que prevé el delito de estafa”.
Siguiendo esta línea, destacó que la investigación no tiene más de 10 días desde que se formuló la denuncia. “En función de eso ya hemos entrevistado a diferentes damnificados, pero también se han requerido medidas de instrucción, allanamientos durante el fin de semana de manera tal de que por el momento lo importante es poder hacernos de la mayor cantidad de información y de calidad para disparar una serie de medidas tendientes a determinar la cantidad de damnificados, por un lado y eventualmente las calificaciones legales”, dijo el fiscal.
Hasta el momento, “hay una persona que ha sido formalmente denunciada, y la investigación en estos primeros días pudo determinar en concreto que al menos contaba con la colaboración de dos personas. Ese es otro aspecto central de la investigación, poder determinar si estamos en presencia de múltiples colaboradores que permitan catalogarla como una organización”.
Al ser consultado sobre contactos políticos, teniendo en cuenta que se señaló a Vanesa Fita, familiar de un diputado provincial, el fiscal indicó que “no se cuenta todavía con la evidencia de esa naturaleza. No puedo descartar que eventualmente a futuro pueda surgir algún tipo de vinculación, por sobre todas las cosas tratándose de que la maniobra incluye la supuesta intervención del Instituto Provincial de la Vivienda”.
En este sentido, tampoco descartó la hipótesis de que hayas personas del IPV involucradas, pero reiteró que la investigación tiene 10 días en curso: “Por el momento no podemos precisar la intervención de funcionarios o empleados del instituto”.
Finalmente, sobre los damnificados, detalló que “se habría efectuado un aporte de 100.000 pesos tendientes a conseguir una asignación de una vivienda, y el importe tenía una discriminación entre honorarios de gestión o de asignación, y llamativamente, el pago de una suma menor de 20.000 pesos, en este caso pendientes a la realización de trabajos vinculados al tendido eléctrico”.
