Cecilia Miralles vive en el municipio de Ensenada y está a cargo de Ian, su nieto de 11 años. Él tuvo un accidente doméstico a los 2 años y quedó con múltiples discapacidades.
Por las falencias de la obra social estatal de la provincia de Buenos Aires, el IOMA, su abuela tuvo que ir a la justicia tres veces ya, para pedir los pañales que necesita Ian, la internación domiciliaria que requiere, y hasta una silla de ruedas.
“Vivo de amparo en amparo”, contó en una entrevista con Telenoche. El trámite por la silla de ruedas lleva más de un año parado en el área de Compras de la obra social, denuncia Cecilia.
En el caso de los pañales, a pesar de tener una sentencia favorable, lucha para que se haga efectiva la entrega en la cantidad, frecuencia y características que necesita. Va de oficina en oficina, de farmacia en farmacia y de amparo en amparo en la justicia en lo contencioso administrativo del departamento judicial La Plata, patrocinada por su abogado Nicolás Graschinsky.
Su historia es la de miles de afiliados del IOMA, una obra social con más de dos millones de afiliados, que está en emergencia.
En todos los municipios bonaerenses hay profesionales que dejan de atender por IOMA. Cirugías suspendidas. Corte de prestaciones. Farmacias que no entregan remedios, pañales y otros insumos. Geriátricos que amenazan con cerrar y transportistas para personas con discapacidades que dejan de atender por IOMA.
Quienes pueden, judicializan. Y casi todos se unen en grupos solidarios para compartir donaciones de remedios y prótesis.
