Pamela Demes, del Sindicato de Inquilinos de Chubut, se refirió a los aspectos más críticos de la derogación de la Ley de Alquileres y en particular a la liberación de acuerdos entre partes respecto al tipo de monedas a utilizar. “Es de una violencia institucional extrema y atenta contra la seguridad alimentaria de las familias inquilinas y también contra la seguridad de la vivienda y el propio techo de las familias”.
Demes reconoció que el panorama en Chubut en cuanto a falta de vivienda propia refleja números preocupantes: 124.967 personas están obligadas a alquilar lo que en términos de porcentajes de unidades habitacionales equivale al 24,8%.
“Todas esas familias están haciendo recortes para llegar a fin de mes y todavía no le sumamos los impuestos nuevos municipales y provinciales, los adicionales que llegarán en servicios. El panorama es muy complejo”.
Demes señaló que en cantidad de entregas realizadas por el Instituto Provincial de la Vivienda, no son más de 300. “En Puerto Madryn se entregaron 9 del ProCrear en dos años, el municipio no ha entregado viviendas. Otro dato relevante es que Madryn tiene el 28,8% de sus unidades habitacionales en alquiler. Es un negocio a través del cual se sigue generando desigualdad”.
La referente de los inquilinos consideró la gravedad de no acceder a servicios básicos, empobreciendo la calidad alimentaria y de salud.
Y explicó que el precio del alquiler podrá subirse sin tener un parámetro. “Antes se proponía era un acuerdo de seis meses mínimo y bajo un índice que permitía tener un estimado de lo que se iba a pagar. Ahora se apela a esta especie de libre mercado en el que el inquilino nunca tiene la libertad”.
“Ya los propietarios nos rechazan –remarcó en Cadena Tiempo– cuando tenemos hijos y la pregunta es dónde vivir si nos aumentan lo que quieren y no hay un costo de inicio. No es lo mismo alquilar en el centro o en las periferias aunque el valor hoy pueda ser el mismo. El valor está equiparado con la canasta básica que no suma el alquiler. La situación es compleja en especial porque no tenemos capacidad de negociación como inquilinos”.
Y denunció: “Hemos llegado a tener situaciones de desalojos con armas”.
Demes, en representación de la Comunidad Federal que forma parte a nivel nacional, confirmó que se impulsao un amparo por el DNU total y uno posterior por el alquiler. “La vivienda es un derecho humano básico. Si no se tiene dónde vivir y generar un sistema de cuidado no se puede trabajar o dormir seguro y tranquilo para ir al trabajo al otro día. Se va a generar una situación de caos muy extrema si dejamos pasar el acceso real a la vivienda. El alquiler es un parche”.
“No podemos dejar pasar esto. Todos estamos afectados y no estamos hablando del alquiler comercial que es otro tema del que nos ocupamos porque tiene el mismo impacto en el decreto. Eso provocará un desbande de trabajadores y pequeñas Pymes”, finalizó.
