La designación del actual diputado libertario tiene menos de renovación comunicacional que de certificado de daño: si Adorni estuviera entero y pudiera seguir siendo el amo del atril, no haría falta traer a otro para ponerle palabras a lo que el Gobierno quiere difundir como buenas noticias, publicó Infobae.
“Serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente”, le escribió en redes sociales el propio jefe de Gabinete, en un gesto elegante y también incómodo: el que ya no puede hablar le daba la bienvenida al que llega para hablar por él. Una frase que es, al mismo tiempo, una consagración y una despedida.
“Y sí. La sola existencia de un reemplazante para esa tarea admite lo que nadie puede escribir en un comunicado oficial: Manu está averiado y quizás herido de muerte. Sigue sentado en una silla importante, pero ya no puede poner la cara en ningún lado sin que la pregunta vuelva siempre al mismo lugar”, admiten en sus oficinas.
La incorporación de Adrián Ravier va a oxigenar la comunicación violeta, pero no resuelve el expediente político de Adorni. El problema de fondo sigue siendo el mismo: el jefe de los ministros enfrenta una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito que entró en una etapa de definiciones técnicas que pueden ser decisivas.
El juez Ariel Lijo, que estuvo de viaje en París con el titular del área de Justicia Juan Bautista Mahiques en un foro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), espera con ansias sugestivas pericias sobre el rastreo informático de los bitcoins de los que habló toda Argentina. La clave, señalan en Comodoro Py, puede estar en los códigos públicos de las billeteras asociadas a sus fondos.
No es el único dolor de cabeza para el equipo legal que lo defiende: en tribunales sospechan que las deudas con particulares son, en realidad, créditos simulados. Si el entrecruzamiento de datos no cierra, se allanaría el camino a una declaración indagatoria que se convertiría en un verdadero puñal.
