El Senado de la Nación aprobó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa enviada al Congreso por el gobierno de Javier Milei que introduce modificaciones en materia de desalojos y protección de los propietarios. Con la media sanción de la Cámara alta, el texto deberá continuar ahora su tratamiento en Diputados.
El proyecto había ingresado al Senado a fines de marzo y atravesó varios meses de discusiones y modificaciones. En mayo consiguió dictamen de mayoría en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, aunque su llegada al recinto fue postergada ante las dificultades del oficialismo para reunir los votos necesarios.
Uno de los principales ejes de la iniciativa es la agilización de los procesos de desalojo. La reforma establece procedimientos abreviados para recuperar inmuebles ante ocupaciones ilegítimas o incumplimientos en contratos de alquiler, reduciendo los tiempos judiciales actualmente existentes.
El Gobierno fundamentó la propuesta en la necesidad de fortalecer la protección constitucional de la propiedad privada. Durante el inicio del debate legislativo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió el proyecto y vinculó la seguridad sobre la propiedad con la libertad económica y las condiciones necesarias para promover inversiones.
El capítulo que finalmente quedó afuera
El texto que llegó originalmente al Congreso incluía también una modificación del régimen de tierras rurales que generó uno de los principales focos de conflicto político. La propuesta buscaba flexibilizar las restricciones existentes para la adquisición de campos por parte de personas y empresas extranjeras.
Sin embargo, ante el rechazo de sectores opositores y también de bloques dialoguistas cuyos votos necesitaba para aprobar el resto de la iniciativa, La Libertad Avanza decidió retirar ese capítulo antes de la sesión. De esta manera, la flexibilización para la compra de tierras rurales por extranjeros no formó parte del texto que avanzó en el Senado.
La iniciativa también generó cuestionamientos durante su recorrido legislativo. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre vivienda adecuada había manifestado preocupación por la reducción de los plazos para los desalojos y por su posible impacto sobre el derecho a la vivienda, mientras que el Gobierno defendió que cualquier norma finalmente sancionada permanecerá sometida al control judicial de constitucionalidad.
Tras conseguir la aprobación del Senado, la discusión se trasladará a la Cámara de Diputados, que deberá tratar el proyecto antes de que pueda convertirse definitivamente en ley.
