Este lunes, los y las empleadas de algunas universidades nacionales recibieron un correo electrónico con una mala noticia: por una disposición del Banco Central, no podrán cobrar sus haberes el último día hábil del mes, como lo acostumbran hace, por lo menos, quince años. De esta manera, las instituciones deberán esperar a recibir los pagos del Tesoro – que se realizan entre el día 2 y el 5 del mes-, para abonar los sueldos de los y las docentes y personal administrativo. Las universidades fueron las primeras en hacer público el efecto de esta norma que afectará a miles de empleados estatales de todos los niveles: médicos, los policías, docentes, administrativos que no podrán cobrar su salario el próximo miércoles.
«Son cinco días de atraso en economías domésticas que están muy golpeadas. Pensá en el personal de maestranza, por ejemplo, que llega justo y cuenta con cobrar el último día hábil del mes y ahora es todo incertidumbre», grafica a Página 12 el rector de una de las universidades afectadas. Desde el 28 de octubre de 2019, un día después de la victoria de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y en el marco de un escenario económico muy inestable, el Banco Central dispuso una normativa que tenía como objetivo facilitar a organismos públicos a financiarse en un momento de crisis para el pago de sueldos de haberes. En una crisis mucho mayor, el gobierno de Javier Milei decidió suspenderla. De esta manera, sacrificó el paquete fiscal de la ley ómnibus, pero no dio el brazo a torcer con el ajuste sobre el sector público.
La normativa
Por disposición del Central, los bancos comerciales cuentan con un cupo para quedar expuestos a créditos del sector público. La Comunicación A6816 emitida en el 2019 eximía de ese tope a los préstamos que se otorgaran para el pago de haberes a organismos del sector público. De esta manera, los mismos se aseguraban poder pagar los sueldos el último día hábil de cada mes y, una vez que recibieran la transferencia correspondiente del Tesoro de la nación (entre dos y cinco días hábiles del mes siguiente), cancelaban la deuda. Este adelanto se realizaba sin costo financiero.
La norma se prorrogó ocho veces desde entonces. La última vez fue en enero del 2023, por un año hasta el 31 de enero próximo. En una de sus conferencias matutinas la semana pasada el vocero presidencial Manuel Adorni adelantó que pondría fin esta dinámica: «El BCRA nos informa que ha quedado fuera de agenda la extensión de la autorización para que las provincias se endeuden con bancos provinciales, mecánica que utilizan muchas veces para hacer frente a necesidades financieras urgentes». El funcionario se refería a la Comunicación A6816. Es decir: se retrasa el pago de muchos organismos públicos.
Miles de empleados estatales
«Esto no puede escindirse del apriete a los gobernadores», aseguró otro de los rectores, y agregó que «se les fue de las manos, porque va a afectar a mucho más que las provincias». «Con esta norma del Banco Central de la República Argentina los médicos, los policías, los docentes y miles de empleados estatales no van a cobrar su sueldo el próximo 31 de enero o 1 de febrero, en casi todo el país», expresó en su cuenta de X la diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires de la UCR, Danya Tavela, que se preguntaba: «¿Esta es la forma en la que Javier Milei quiere dialogar con los gobernadores y diputados y senadores?»
Los primeros efectos llegaron el viernes a las universidades nacionales que cuentan con convenios con el Banco Nación: «El Rectorado de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), informa que el pasado viernes 26 de enero fuimos notificados por autoridades del Banco de la Nación Argentina (nuestro agente financiero), de la imposibilidad de cumplir con el convenio de pago de haberes que fuera firmado oportunamente, en la cláusula referida al adelanto de nómina salarial sin costo financiero», explicó la casa de estudios en un comunicado. «Damos formalmente aviso de que los haberes correspondientes al mes de enero del 2024, no podrán ser abonados los últimos días del mes (como era política habitual), sino que deberemos esperar a que los fondos estén acreditados y a la vista, sin poder precisar fecha (al momento de este comunicado), del día especifico que podremos abonar los salarios. Estimando que será dentro de los primeros diez (10) días del mes», aseguró.
La Universidad Nacional de Rosario y la de Quilmes enviaron a sus trabajadores un mensaje similar. Estas tres casas de estudio tienen en común que pagan sus haberes a través del Banco Nación. En efecto, otras universidades consultadas por PáginaI12 explicaron que, al tener convenios con bancos privados, no cuentan con ese problema. Es que algunos de ellos tomaron la decisión de seguir ofreciendo ese servicio para no perder las cuentas con los clientes.
El Banco Nación es el único que, hasta ahora, se plegó a la decisión del Central: «Por política o porque realmente tiene convenios con muchos organismos públicos para el pago de sueldos y no puede afrontarlos todos», dudaba en diálogo con PáginaI12 uno de los rectores. Sea por el motivo que fuere esta situación genera una desigualdad con quienes cobran a través de un banco privado, que lo seguirán haciendo en tiempo y forma.
Y abre una nueva ventana para repudiar a la banca pública por «ineficiente». Desde la UNR aseguraron que iban a realizar una presentación administrativa ante el Banco de la Nación Argentina y una presentación judicial en el marco del convenio establecido entre las partes: «Defendemos al Banco Nación como banca pública», aseguraron desde la UNR, «pero no vamos a convalidar ninguna decisión que lesione derechos de nuestra comunidad, mucho menos que atente contra el salario de agentes de la UNR».
Hasta el cierre de esta edición, se habían manifestado en el mismo sentido las autoridades del Hospital Posadas, que tiene una nómina de 5000 empleados. Informaron que «debido a una nueva disposición del Banco de la Nación Argentina que excede al área administrativa del hospital, los sueldos correspondientes al mes de enero de 2024 se harán efectivos en las cuentas sueldos del personal del 1 al 5 de febrero de 2024». También se podrán ver afectados empleados de organismos descentralizados como el INTA o la AFIP, entre otros.
Los gremios estatales no tardaron en manifestarse. «Por instrucción del Ministerio de Economía, las autoridades del Banco Nación suspendieron los adelantos de fondos a entidades y organismos públicos, que permitían el pago de haberes los últimos días hábiles de cada mes», difundió la Junta interna ATE-Trabajo, que expresó un «enérgico repudio a esta arbitraria decisión que afecta directamente la economía cotidiana de los trabajadores y trabajadoras del Estado, en un contexto de salarios de pobreza e indigencia».
«Esta nueva muestra de ajuste, hostilidad y destrato busca además profundizar el desgaste sobre nuestras condiciones laborales y de vida, en el marco de la política de vaciamiento y desguace del Estado que el gobierno nacional viene llevando adelante», expresaron. Este martes en consejo directivo, la Asociación de Trabajadores del Estado decidirá si llama al paro.
