Mientras que las universidades siguen a la espera del cumplimiento de la ley de financiamiento aprobada en el Congreso y ratificada por la Corte Suprema, un estudio de la UBA calculó que el presupuesto educativo cayó 47,7% en el bienio 2024-2025.
Así surge de un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas, que destacó que en 2024 la función Educación y Cultura presentó una contracción real de 43,2% respecto del año anterior y redujo su participación en el PBI en aproximadamente 0,6 puntos porcentuales.
Si bien esto ocurre en el marco de un proceso más amplio de ajuste del gasto público nacional, la “motosierra” fue relativamente más profunda en esta área.
Por su magnitud y composición, esta caída se explica en gran medida por la discontinuación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que complementaba los salarios docentes en las provincias.
Como consecuencia, las jurisdicciones debieron asumir una mayor responsabilidad financiera, lo que reforzó el carácter descentralizado del sistema educativo argentino.
En 2025 se consolidó la trayectoria iniciada en 2024, con un retroceso de 7,9% en términos reales. “El ajuste volvió a concentrarse en algunos de los principales componentes del gasto educativo nacional, particularmente las transferencias destinadas a universidades y provincias y a programas de apoyo a estudiantes”, destacó el IIEP.
Según lo proyectado para 2026, de no producirse nuevas ampliaciones de las partidas presupuestarias vigentes, el gasto en esta función volvería a registrar un descenso real de 12,7%.
De concretarse este escenario, el presupuesto educativo nacional acumularía tres años consecutivos con variaciones negativas en términos reales. Además, la participación de Educación y Cultura tanto en el PBI como dentro del gasto total de la Administración Pública Nacional (APN) se ubicaría en mínimos desde el inicio de la serie.
Por programas, las transferencias destinadas al financiamiento universitario -a través del programa Desarrollo de la Educación Superior- mostraron una merma real de 5,4% interanual en 2025, mientras que las becas estudiantiles se redujeron en un 42,5% y el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas bajó 49,5%.
La principal excepción fue el Plan Nacional de Alfabetización, que incrementó su ejecución y se convirtió en una de las principales líneas de acción de la Secretaría de Educación.
El debate por el financiamiento
Otro punto relevante que analizó el IIEP se vincula con los distintos modelos posibles de financiamiento.
Históricamente, se organizó en torno a un esquema orientado principalmente a la oferta, en el que los recursos públicos se asignan a los sistemas provinciales y a las instituciones con el objetivo de garantizar infraestructura, cargos docentes y salarios, asegurando condiciones básicas de funcionamiento.
En contraste, la asignación por demanda se inscribe dentro de los cuasi-mercados educativos, basados en la separación entre financiamiento y provisión.
Bajo este enfoque, el Estado puede sostener la educación con la transferencia de recursos a las familias o estudiantes para que elijan entre distintos proveedores educativos. De este modo, la competencia entre instituciones y la libertad de elección funcionarían como mecanismos para mejorar la eficiencia y la calidad del sistema.
Sin embargo, el IIEP considera que es necesario incorporar también sus efectos sobre la equidad, la cohesión social y la distribución territorial de la oferta.
“En contextos de fuerte desigualdad, los mecanismos de competencia pueden derivar en segmentación de la matrícula, debilitamiento de la oferta estatal y ampliación de brechas preexistentes”, explicó el informe.
El Gobierno promueve la discusión sobre la implementación de vouchers, becas o transferencias directas a familias, poniendo foco en la libertad de elección y la competencia entre instituciones. Pero dichas propuestas “plantean interrogantes respecto de sus posibles efectos sobre la segmentación social, la desigualdad territorial y la fragmentación del sistema educativo”, sostuvieron en la UBA.
En el plano fiscal, indican que un eventual cambio entre ambos modelos no es neutro. Para el IIEP, el financiamiento de la oferta permite orientar recursos según criterios de cobertura territorial y sostenimiento institucional, mientras que el de la demanda traslada parte de las decisiones de asignación hacia familias y estudiantes. Esto redefine el rol estatal, reduciendo el apoyo a capacidades instaladas y aumentando el subsidio a elecciones individuales.
Recordaron que desde 2024 se aplican vouchers para familias con hijos en escuelas privadas subvencionadas, los cuales alcanzaron a 830.000 estudiantes en 2024 y 504.808 en 2025. “Esta iniciativa no constituyó un sistema generalizado, sino una transferencia focalizada y orientada a cubrir parcialmente el pago de cuotas”.
“La implementación del programa implicó un refuerzo a los recursos nacionales destinados a la educación de gestión privada, en un contexto de desfinanciamiento a la estatal”, subrayó el IIEP. En 2023 ya se había habilitado la deducción en Ganancias de gastos escolares privados, beneficio fiscal que favorece a sectores de mayores ingresos.
Asimismo, el proyecto de “Libertad Educativa” propone transferencias a instituciones privadas. En la ley vigente, el financiamiento se menciona en el marco de la supervisión y, en ciertos casos, subvenciones, pero sin el mandato de “regularidad”.
“Si bien el objetivo es garantizar el derecho de los padres a optar por una educación acorde a sus valores, esto implicaría una nueva vía de refuerzo al financiamiento de las escuelas privadas en el marco de un retroceso de los recursos para la educación pública. Los cambios podrían profundizar la segmentación del sistema y tener efectos desigualadores en el acceso a la educación de calidad”, señaló el IIEP.
Además, de acuerdo al reporte, el alcance este tipo de políticas es muy acotado, ya que la matrícula se encuentra altamente concentrada en las escuelas públicas, excepto en CABA.
“Podemos decir que estas políticas podrían contribuir a reforzar las desigualdades territoriales existentes en materia de capacidad de financiamiento, ya que algunas de las jurisdicciones donde se concentra la mayor parte de la matrícula de gestión privada son aquellas con mayor disponibilidad presupuestaria”, concluyó el IIEP.
