El gobierno nacional emitió una resolución para que en todos los organismos del Estado se reordenen las horas extras de los empleados de todos los organismos que pertenecen a la Administración Pública Nacional. Esto implicará que para realizarlas se necesitará una autorización previa del área que las solicite, donde figurará el motivo del pedido.
La resolución lleva la firma de Armando Daniel Guibert, a cargo de la secretaría de Transformación del Estado y la Función Pública, que depende de la Jefatura de Ministros que encabeza Nicolás Posse, y les fue enviada a los máximos responsables de los ministerios y de las secretarías o subsecretarías que dependen de cada cartera.
“Se informa que en virtud del objetivo de racionalización de los recursos del Estado establecido en el Decreto N° 8/2023, y a fin de contar con una ordenada gestión funcional de la distribución de actividades del personal de su dependencia, a partir del día de la fecha, queda suspendida la asignación de horas extraordinarias, debiendo programarse las tareas operativas en la jornada legal normal de trabajo de cada agente”, expresa la resolución en su segundo párrafo. Según las consultas que pudo efectuar Infobae con algunos de los afectados, con esta disposición, sus salarios disminuirán considerablemente, ya que los mínimos de convenio son muy bajos.
“Excepcionalmente, para el caso de que se encuentre acreditada la imposibilidad de dar respuesta a impostergables necesidades operativas que comprometan manifiestamente el servicio público, se podrá solicitar fundadamente la asignación de servicios extraordinarios. Para ello, se deberá planificar las funciones del organismo y el personal necesario para cumplirlas”, consta en el escrito que se envió a las reparticiones públicas con fecha del miércoles 10.
“En este último caso, la autoridad con rango no inferior a Director Nacional; General o equivalente, deberá solicitar la asignación de los servicios extraordinarios, previo informe circunstanciado sobre las causales que impiden dar cumplimiento a los requerimientos de servicios, fundado en un análisis de dotaciones y modalidades operativas”, agrega.
“La citada solicitud deberá elevarse a la máxima autoridad administrativa con competencia en la administración del presupuesto de cada jurisdicción o entidad, quien la aprobará o denegará. Esta última comunicará tal decisión al área responsable de los recursos humanos y a la autoridad requirente”, consigna más adelante.
“A su vez, cada autoridad administrativa deberá informar mensualmente a esta Secretaría, con copia a la Dirección Nacional de Seguimiento de la Inversión en Capital Humano del Sector Público Nacional del Ministerio de Economía, la asignación de servicios extraordinarios autorizados y el impacto presupuestario”, culmina.
La medida alude al decreto 8/2023 que el presidente Javier Milei firmó el primer día en que asumió por el que se dispuso la reducción de ministerios y de secretarías, entre otros gastos que se buscan achicar en un Estado al que consideran “sobredimensionado”. Esta decisión que ahora firmó Guibert se tomó luego de una auditoría interna en la que se detectó que gran parte de los salarios contiene este componente. “Lo que se busca es reordenar el uso de las horas adicionales”, explicó una fuente de la Jefatura de Gabinete
En la Casa Rosada, por ejemplo, un empleado que trabaja bajo el ala de Servicios Generales explicó que sin horas extras su sueldo pasará a ser de menos de $300.000. “Tengo tres hijos y pagó alquiler. Con ese ingreso es imposible vivir. Y eso que llevo 25 años acá”, graficó. Además, ya se les comunicó que no es seguro que les paguen las horas adicionales que hizo el personal durante el mes pasado.
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio que agrupa a los trabajadores en la Rosada, -donde también gran parte del personal depende de la Secretaría General, cuya responsable es Karina Milei, la hermana del Presidente- está buscando establecer canales de diálogo para morigerar los efectos de este recorte. “Todavía no tenemos ninguna respuesta”, indicó uno de sus dirigentes.
En este plan de ahorro de gastos, anteriormente el Gobierno había decidido el 26 de diciembre no renovar los contratos del sector público que se habían firmado a partir del 1 de enero del 2023, al mismo tiempo que prorrogó un decreto, el 426/22, que contemplaba restricciones en el mismo sentido hasta el 31 de marzo de este año. También se dispusieron menores erogaciones en empresas como Aerolíneas Argentinas o en algunos ministerios como Seguridad y Economía, donde la cantidad de autos para los funcionarios se redujo.
El martes se anunció, por ejemplo, que la línea aérea de bandera, que ahora conduce Fabián Lombardo, pasaría a tener 8 en lugar de 14 direcciones y que los reportes directos a la gerencia general de la compañía disminuirán de 17 a 11, en el marco de un programa de “racionalización”.
