El Gobierno contempla bajar de rango la próxima semana a la Unidad AMIA, que depende del Ministerio de Justicia, y con ello provocar el alejamiento de su titular, el radical Mario Cimadevilla, según fuentes de tribunales y de la Casa Rosada.
Según publica diario La Nación, Cimadevilla mantuvo una áspera disputa con el ministro Germán Garavano por cómo llevó adelante la acusación en el juicio contra el expresidente Carlos Menem y el exjuez Juan José Galeano por encubrimiento del atentado contra la mutual judía.
El conflicto se suscitó cuando los abogados de la Unidad AMIA -que actualmente tiene rango de secretaría de Estado- estaban por presentar su alegato en el juicio oral en el que también son juzgados los exfiscales Eamón Mullen y José Barbaccia, los primeros que estuvieron a cargo de la investigación del atentado.
En ese juicio, la Unidad AMIA es querellante en representación del Estado. Cimadevilla y el abogado de la Unidad AMIA Enrique Ventos pensaban acusar y pedir la condena de los fiscales Mullen y Barbaccia. Sin embargo, el Ministerio de Justicia decidió apartar al abogado Ventos y designar en su lugar al abogado José Console para que se haga cargo del alegato. Así, Console pidió la absolución de los exfiscales Mullen y Barbaccia.
El asunto hizo estallar la guerra entre Cimadevilla y Garavano por un lado y entre Elisa Carrió y el ministro de Justicia, por otro. Esto es así porque Carrió, que había impulsado la designación de una abogada de su confianza en la Unidad AMIA, denunció que se estaba buscando el encubrimiento del atentado.
Garavano buscó ponerle paños fríos a la pelea, hasta que apareció en el horizonte del Gobierno una solución: aprovechar el plan de achicamiento del Estado que se elabora desde hace meses en Jefatura de Gabinete de ministros para quitarle rango de secretaría de Estado a la Unidad AMIA.
Con la reducción de un 25 por ciento de los cargos políticos de todos los ministerios, se reducirían las secretarías y subsecretarías del Ministerio de Justicia. El decreto general de achicamiento del Estado se publicará la semana próxima, dijeron a LA NACION altas fuentes oficiales.
El plan es que la Unidad AMIA pase a depender del Programa de Verdad y Justicia, del que dependen los delitos de lesa humanidad. Esto es así porque el atentado a la AMIA está incluido en esa categoría. Es el mismo rango que tenía durante el kirchnerismo.
El Programa Verdad y Justicia está a cargo de Mariano Fridman dentro del propio ministerio. Es un programa autónomo que tiene como función «coordinar y articular con los demás poderes tareas para fortalecer el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad y terrorismo» y «fortalecer la capacidad estatal de obtener información confiable y de brindar apoyo concreto para la investigación de los delitos de lesa humanidad, a fin de agilizar y proteger los procesos judiciales».
Esa era también la tarea de la Unidad Especial AMIA: asistir especialmente a la Justicia facilitando su accionar.
Usualmente, las secretarías de Estado tienen la posibilidad de contar con subsecretarios (políticos), y además cuentan con lo que en la administración pública se denominan «unidades retributivas», destinadas a la contratación de asesores. El programa no tiene esos recursos.
El Ministerio de Justicia va a quedar con solo dos secretarías de Estado: la de Justicia y la de Derechos Humanos. Se eliminará también la Secretaría de Planificación.
Así, con un rango inferior, es probable que Cimadevilla deje el cargo de secretario de Estado. «Lo decidirá él. Este es un tema estructural que decidió el Gobierno para todo el Estado», dijo una fuente oficial.
Los radicales siguen respaldando a Cimadevilla, por lo que habrá que ver cuando salga el decreto qué decisión es la que van a tomar.
La pelea de fondo sigue en el juicio por el encubrimiento de la AMIA. Allí, el Estado varió de postura según cambió el gobierno.
Durante el kirchnerismo, acusar a Menem, Galeano y a los exfiscales Mullen y Barbaccia era la política oficial, apoyada por Memoria Activa.
Ahora la AMIA y el propio Gobierno interpretan que condenar a los exfiscales Mullen y Barbaccia, que fueron los que realizaron la investigación que llevó a pedir las capturas de los sospechosos iraníes de volar la AMIA, puede debilitar la vigencia de esos pedidos de detención. Aun cuando haya sido Galeano el que los firmó, los fiscales fueron los que impulsaron ese caso.
Por eso en el Gobierno analizan que si los condenan, al día siguiente Irán va a acudir a Interpol y va a pedir que se den de baja los pedidos de captura porque quienes los solicitaron fueron condenados. Para evitarlo, es que están pugnando por su absolución.
Además, una condena de los exfiscales podría debilitar la pista iraní. Y justamente Cristina Kirchner está procesada con prisión preventiva por tratar de buscar la impunidad de los iraníes que planearon el ataque.
