El Presidente Javier Milei está decidido a aplicar el plan de ajuste que ya tuvo sus primeras medidas de shock en las poco más de dos semanas que lleva el gobierno nacional en funciones. Además del DNU publicado días atrás y el paquete de medidas que se tratará en extraordinarias a partir de este martes en el Congreso, el mandatario anticipó que “hay más”.
En este sentido, el Gobierno avanzó con un decreto que deja sin efecto 7000 contratos estatales que ingresaron este año. En concreto, se trata de la no renovación de los vínculos laborales. Pero además, habrá un período de evaluación de 90 días para el resto de los contratos estatales.
Entre las excepciones que hace el DNU se encuentran aquellos cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales, el personal que haya prestado tareas previas al 1° de enero de 2023 y haya modificado su modalidad de contratación y los contratos que los titulares de las jurisdicciones consideren indispensables para el funcionamiento de la jurisdicción.
La normativa también establece que los contratos estatales cuya fecha de ingreso sea previa al 1° de enero de 2023 no podrán ser renovados por un periodo mayor a los noventa días corridos.
En su artículo 4°, establece: “Instrúyese a las autoridades competentes de cada jurisdicción mencionada en el artículo 1° a que, en el plazo establecido en el artículo precedente, realicen un relevamiento exhaustivo del personal contratado cuya fecha de ingreso a la Administración sea previa al 1° de enero de 2023 con el fin de evaluar la renovación de las contrataciones mencionadas precedentemente”.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/artear/34CJULM25FFVFFUG7OYMJ4LLB4.jpeg)
Y aclara: “En el caso de que las autoridades decidan renovar dichos contratos, deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación”. La decisión se informó este martes a través en el Boletín Oficial y lleva la firma del presidente Javier Milei.
Así, la medida alcanza a los empleados transitorios “y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023″, de toda la administración nacional, así como también a los entes públicos, incluidos, por ejemplo, la ANSeS, el PAMI y la AFIP.
Además, se remarca que esta decisión se toma en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 8 del 10 de diciembre de 2023, uno de los primeros que firmó Milei, a partir del cual se modificó la ley de Ministerios, pasando a tener solamente nueve carteras “con la finalidad de racionalizar recursos, lo que obliga a revisar todas aquellas contrataciones efectuadas”.
Junto con la oficialización de esta medida, el Gobierno enviará esta semana al Congreso el paquete de normativas que busca profundizar las reformas del Estado, que se inició con el DNU con 300 derogaciones en pos de la desregulación de la economía.
En esta oportunidad se sumarán iniciativas que no pudieron estar incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia, dado que referían a temáticas ligadas a lo tributario o lo electoral, como la vuelta atrás de la modificación del Impuesto a las Ganancias y el impulso de la Boleta Única de Papel, entre otras.
En tanto, este miércoles 27 tanto ATE como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), tendrán sus jornadas de “lucha” y movilización. Ambas organizaciones están en estado de alerta permanente respecto de las decisiones del Gobierno y lo que puede suceder con la continuidad de los puestos de trabajo en el Estado.
El jueves, además de la confederal de la CGT, habrá asambleas y plenarios en todas las centrales de trabajadores y en las organizaciones sindicales para debatir si escalarán en el plan de lucha con la convocatoria a un paro general antes de cumplirse un mes de mandato de Milei o si lanzarán otras medidas de fuerza antes.
