Como resultado indirecto de haber fijado las retenciones en un 8%, el atraso del precio de los combustibles se acercó de nuevo al 10%. Podría haber un último aumento en surtidor la semana que viene.
Empresas petroleras realizaron ayer gestiones con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para reducir la alícuota de los derechos a la exportación de petróleo incluida en el proyecto de Ley de Emergencia Económica presentado por el Ejecutivo en el Congreso. De las gestiones también participó el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, que reclamó una revisión del cargo aduanero para no afectar tanto la economicidad de los proyectos en Vaca Muerta.
Finalmente, el texto que ingresó ayer a la tarde a Diputados prevé el cobro de retenciones por el 8% del precio FOB del petróleo. No al 12% como figuraba en el texto original. Pero tampoco al 6,5% que estaba vigente hasta la semana pasada antes de que el Gobierno derogara los topes que se aplicaban sobre los derechos a la exportación (en el caso del petróleo, se cobraban $ 4 pesos por cada dólar exportado). Gutiérrez dejó trascender que su intervención fue clave, pero en el gobierno la jugada causó malestar porque aseguran que venían evaluando esa alternativa.
En cualquier caso, para ponderar el impacto de la decisión habrá que esperar para ver qué sucede con el precio de los combustibles. El nivel de retenciones definido ayer puso en evidencia que, con este tipo de cambio y precio internacional de petróleo, las naftas y gasoil deberían aumentar cerca de un 10% para recuperar el atraso acumulado tras la devaluación de agosto.
Las petroleras pretenden un aumento antes de n de año. El ala técnica del gobierno está dispuesta a escuchar el planteo de los privados y podría autorizar una última suba en surtidores en 2019 para cerrar diciembre con precios del petróleo en paridad de exportación. Sin embargo, la última palabra la tendrá la política. No hay nada definido.
Hasta el lunes a la mañana la posición que primaba en Casa Rosada era no congelar las tarifas de gas y electricidad. Se iba a llevar adelante una revisión de los esquemas tarifarios durante enero y entre febrero y marzo se modificarían los cuadros por debajo de la inflación. Existía consenso entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y otros funcionarios de primera línea como Kulfas y los encargados de la Jefatura de Gabinete, Santiago Cafiero y Cecilia Todesca, de avanzar en esa dirección. Sin embargo, algo cambió en la política y finalmente el presidente Alberto Fernández anunció el congelamiento hasta el 30 de junio de las tarifas de servicios públicos.
No está claro qué sucederá con los combustibles. Para YPF, la suba de los precios en el surtidor es vital. Casi un 70% de lo que factura la compañía proviene del expendio de combustibles. El 30% restante de la venta de gas. Con las tarifas congeladas hasta mediados de 2020 (resta saber si la renegociación con el FMI no obliga a rever o acortar la medida), el negocio gasífero se deprimirá todavía más. Por eso es clave para YPF —y para el resto de las petroleras con proyectos de shale oil en Vaca Muerta— que el gobierno autorice una mejora de los precios en las estaciones de servicio.
