El Gobierno apunta a darle media sanción en septiembre a la suspensión de las PASO y acelera los acuerdos electorales con el PRO, la UCR y fuerzas provinciales para asegurarse los votos en el Senado. En la Casa Rosada sostienen que la reforma política pasó a ocupar uno de los primeros lugares de la agenda legislativa del segundo semestre.
El poroteo que hacen en Nación parte de los 21 senadores de La Libertad Avanza y de los respaldos que esperan reunir entre radicales e integrantes del interbloque Impulso País. “Con ese piso llegamos a 35 aproximadamente. Sumamos dos federales y estamos”, expresan en el oficialismo.
La composición formal de esos espacios es incluso mayor al cálculo que utiliza internamente el Ejecutivo: LLA tiene 21 bancas, la UCR cuenta con 10 e Impulso País reúne 7 senadores. La Casa Rosada, sin embargo, no considera automáticamente asegurados todos esos votos y trabaja sobre un escenario más conservador de unos 35 respaldos efectivos, publicó TN.
Impulso País está integrado por el PRO, Provincias Unidas, Independencia y Despierta Chubut y funciona como uno de los principales espacios de negociación del oficialismo en la Cámara Alta. La UCR, por su parte, tiene diez legisladores y aparece como el otro bloque sobre el que el Gobierno pretende construir la base de la votación.
El número de 37 senadores funciona como referencia política para garantizar el quórum y reducir la dependencia de acuerdos de último momento. La aprobación de una ley ordinaria se define por la mayoría de los presentes, pero en Balcarce 50 buscan llegar a la sesión con una base propia suficientemente amplia como para evitar que una ausencia o un cambio de posición haga caer el tratamiento.
La estrategia parlamentaria explica parte de la aceleración de las conversaciones electorales para 2027. La conducción de La Libertad Avanza trabaja sobre entendimientos en CABA, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis, Chaco, Chubut y Santa Fe, entre otros distritos.
La lógica que plantea el Ejecutivo no está centrada esta vez en los gobernadores dialoguistas que acompañaron las principales reformas durante los últimos años, sino en construir una base más estable con los espacios con los que pretende competir en alianza en 2027. La Casa Rosada busca que el acuerdo electoral tenga como correlato un alineamiento legislativo durante los próximos meses.
