El Gobierno informó este martes que se inició el procedimiento sancionatorio contra 15 nuevos sujetos, entre personas humanas y jurídicas, por estar vinculados a actividades hidrocarburíferas ilegales en las Islas Malvinas. La medida se suma a los expedientes ya abiertos contra otros 45 sujetos la semana pasada.
Según el comunicado oficial firmado por el presidente Javier Milei, los nuevos sumarios apuntan contra presuntas violaciones al artículo 2° de la Ley N° 26.659, por estar “involucrados en el desarrollo ilegítimo de actividades hidrocarburíferas” en la plataforma continental argentina, en la zona de las Islas Malvinas.
“Este avance es un nuevo paso en la misma dirección. La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía. Cada expediente que se abre es una continuación de esa convicción: las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos, y nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país”, enfatizó el Ejecutivo.
El comunicado remarcó que la ampliación de los procedimientos responde a “un trabajo sostenido de identificación de todos los actores involucrados” y adelantó que el Gobierno “seguirá avanzando” en esa tarea, con nuevos sumarios en marcha.
La ofensiva se inscribe en el paquete de medidas que Milei presentó el jueves en cadena nacional, orientado a frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, operado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, con licencias otorgadas por las autoridades isleñas que la Argentina no reconoce.
En ese contexto, el canciller Pablo Quirno avanzó este lunes con una denuncia penal contra cinco compañías —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.— por operar con licencias ilegítimas para el Gobierno argentino.
“El Estado argentino reafirma su compromiso de agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance para que quienes hoy vulneran nuestra soberanía respondan por ello”, finalizó el comunicado del Presidente.
La decisión fue ejecutada luego de una reunión de la mesa política del Gobierno, donde se decidió enviar a la Cámara de Diputados la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, además de avanzar con las gestiones para construir la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
El proyecto, tal como lo planteó Milei, persigue tres objetivos centrales: endurecer las sanciones de la Ley 26.659 contra las empresas —y sus proveedores— que operen sin autorización en las islas, habilitando en los casos que corresponda el juicio en ausencia; crear un Consejo de Seguridad Nacional que articule a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, y dotar a ese organismo de herramientas económicas y diplomáticas para responder ante amenazas de actores estatales o no estatales.
