Las preocupaciones en la política por la condena a Santiago Goodman, el ex titular de ATECh que puso fuego a la legislatura.
Puede que la sentencia de tono abolicionista que terminó beneficiando al ex titular de la ATECh Santiago Goodman con prisión en suspenso, y unas horas de trabajo y de instrucción cívica por meterle fuego y destrucción al edificio de la Legislatura en septiembre de 2019, haya sido uno de los temas de mayor preocupación en la clase política, introduce la columna De Puño y Letra de diario El Chubut.
No sólo de quienes gobiernan. Finalmente, a Mariano Arcioni le queda sólo un año y algo más de jaleo. Pero aquellos que tienen expectativa de gobernar, y que de momento no serían más que cuatro dirigentes (Ricardo Sastre, Juan Pablo Luque, Damián Biss e Ignacio Torres), probablemente descubrieron el jueves que cualquier gobierno de Chubut será rehén de las protestas sindicales y sociales, siempre. Y que las consecuencias por delitos como el estrago público, la destrucción de edificios institucionales o aún atentar contra las vidas humanas, tienen escaso valor.
La jueza María Tolomei eligió para sancionar a Goodman la menor de las penas disponibles, la que pedía su defensor. Y aunque la propia magistrada contabilizó los hechos, indicó agravantes, y describió en su fallo que dentro del edificio legislativo había varias personas cuando le dieron candela a la fiesta, finalmente la pena que indicó parece más bien un “piedra libre” al vandalismo en magnitudes mayores.
Ahora, los sindicatos saben que pueden romper lo que se les venga en gana. Veremos qué ocurre con los juicios pendientes por las destrucciones ocurridas el año pasado, en ocasión de la resistencia a la ley de zonificación minera, cuando la Casa de Gobierno, la Legislatura, el Ministerio Público Fiscal, y una decena de edificios públicos sufrieron incidentes y destrozos.
La Casa de Gobierno fue virtualmente demolida. Los mismos incidentes se replicaron en la Municipalidad de Trelew, y luego, en diario El Chubut, el único edificio de una empresa privada que los vándalos atacaron, en un atentado criminal a piedra y fuego con bombas molotov, contra medio centenar de personas que aún así logró sacar nuestra edición a la calle esa noche, el 20 de diciembre del año pasado.
El fallo de la jueza Tolomei pone en dimensión la escasa importancia de las instituciones, y de los bienes públicos y privados. A partir de ahora, no cabe esperar mucha reacción judicial a otros ataques, a cortes de ruta, o a cualquier sistema de coerción violenta que a cualquiera se le ocurra ejercer contra instituciones de la democracia, de la vida civil, organizaciones, o medios. Lo mismo da.
