Al cierre del período parlamentario de este año, la Legislatura protagonizó una ardua y prolongada Sesión Ordinaria que deparó significativas votaciones en relación con proyectos trascendentes como el Presupuesto General de la Administración Provincial para el Ejercicio 2017 que en líneas generales fue aprobado aunque con planteos importantes de la oposición del PJ-FPV, que tratándose de la mayoría no pudo imponer la intención de modificar para acotar los denominados “superpoderes” al Poder Ejecutivo, aunque después logró el criterio que se destine a obras y no a Letras del Tesoro el remanente (32 millones de dólares) del bono de 1.200 millones de pesos.
El Presupuesto General de la Administración Provincial para el Ejercicio 2017 asciende al monto global de 40.104.361.959 pesos.
Se fija en la suma de 3.721.904.662 pesos el importe correspondiente a las Aplicaciones Financieras y se estima en la suma de 30.838.847.863 pesos el Càlculo de Recursos destinados a atender las Erogaciones referidas en el articulado del proyecto.
La limitación a los “superpoderes” apuntaba, en el objetivo de la mayoría opositora, a imposibilitar que el monto económico destinado a obras pudiera ser utilizado en otros fines, obligando entonces al PEP a solicitar autorización parlamentaria en cada propósito de cambiar dicho destino financiero.
Desde el oficialismo (Bloque “Chubut Somos Todos”), presidido por el diputado Jerónimo García, quien mantuvo divergencias con el bloque mayoritario del PJ-FPV que preside el legislador Javier Touriñán, procuraba aprobar el proyecto como lo envió el Ejecutivo.
Tras votarse el dictamen mayoritario de la oposición retornando a Comisión el proyecto en cuestión, y el planteo del oficialismo de poner a consideración el dictamen minoritario que mereció reproches reglamentarios del diputado Touriñán, propuso apartarse del reglamento y posibilitar el tratamiento para avanzar en el debate respecto del Presupuesto General para el año 2017.
En la votación en particular de los controvertidos artículos 13 (facultando los “superpoderes”) y 18 (destino a obras del remanente del bono) hubo significativas votaciones al aprobarse la primera cuestión con votos afirmativos de los legisladores “mackartystas” Leandro Espinosa, Javier Cunha y Florencia Papaiani, además de Alfredo Di Filippo y Sergio Brùscoli, del FPV, que se sumaron a los votos por el proyecto del PE, mientras que se mantuvo en postura de rechazo la diputada Jacqueline Caminoa (UCR-Cambiemos).
En cambio, al votarse el artículo 18, la oposición respaldó mayoritariamente la fundamentación de la diputada Alejandra Marcilla (PJ-FPV) que se mantenga el destino de fondos para obras y fustigó duramente al Poder Ejecutivo el legislador Blas Meza Evans que coincidió con postura negativa de la diputada Caminoa acerca de “usos y costumbres “para violar la Constitución.
Evidentemente, esta decisión contraria al espíritu gubernamental motivó disgustos en funcionarios del PEP que asistían a la sesión, entre ellos los ministros Gilardino y Oca.
Arenas silíceas y acuerdo con magistrados sin aprobación
En la sesión legislativa no se sancionaron los respectivos proyectos de ley inherentes a declarar de “utilidad pública” al recurso natural de arenas silíceas de esta zona valletana con destino a extracción de shale gas en Vaca Muerta (Neuquén) por YPF, al postular el diputado Touriñàn el retorno a Comisión para proseguir su análisis, que motivó reproches del legislador oficialista Jerónimo García que aludió a la visita del ministro Bohe para consensuar dicho proyecto y promover el desarrollo regional con resguardo ambiental.
En cuanto a la iniciativa propiciando acuerdo económico con magistrados para no gravitar en cuentas públicas por demandas contra el Estado, ello movilizó a la Legislatura al gremio del SITRAJUCH y empleados judiciales que bregaron por derechos adquiridos sobre porcentualidad, descreyendo entonces de propiciar este acuerdo con magistrados con dictamen de Fiscalìa de Estado.
Prorrogan emergencia
Tuvo sanción legislativa mayoritaria la prórroga de un año, a partir del 20 de diciembre de 2016, manteniéndose la declaración de emergencia de los servicios públicos esenciales.
Sin control al IPV
El último punto del Orden del Día deparó otro fuerte debate entre el bloque oficialista y la oposición respecto del veto del Poder Ejecutivo al proyecto de Ley General sancionado en agosto pasado estableciendo la obligatoriedad de publicar en el Boletín Oficial del Chubut y en diarios de mayor circulación regional donde se efectúa la adjudicación, de listados de postulantes titulares equivalentes al 100% de las viviendas a adjudicar y la nómina adicional de postulantes equivalente al 20% de viviendas a adjudicar, promovido oportunamente por los legisladores A. Di Filippo y S. Brùscoli.
El debate atravesó por fuertes cruces de cuestionamientos políticos respecto de anterior gestión de Buzzi y actual de Das Neves sobre política habitacional.
“El anterior Interventor dejó setenta resoluciones firmadas adjudicando a ciudadanos viviendas que no existían”, fustigó el legislador Jerónimo García, y en la réplica el diputado Touriñàn endilgó “memoria selectiva” y adujo que no les consta lo que planteaba el diputado García, para cuestionar que durante la anterior gestión del Gobernador Mario Das Neves se utilizaron fondos FONAVI para el Autódromo de la ciudad de Trelew.
En votación nominal hubo 15 votos afirmativos, 7 negativos, 2 abstenciones (diputados Cunha y Espinosa, que fundamentaron que no analizaron en profundidad el tema por lo que se adujo prudente abstenerse) y se registraron tres ausentes en el recinto (diputadas Papaiani y Hernández (FPV), ésta última recuperándose de una intervención quirúrgica aunque asiste al ámbito legislativo) y el diputado Mario Mansilla (ChST) que no concurrió a la Legislatura.
No obstante al no prosperar los 2/3 reglamentarios para aprobar el rechazo al veto gubernamental, el diputado Di Filippo criticó que no se quiere transparentar el procedimiento y avaló dicho proyecto de ley oportunamente sancionado por el Poder Legislativo.
