El acusado vivía con la víctima en una casa del barrio Moure y en febrero de 2020 lo ultimó de un disparo en el pecho. La causa fue eleva a juicio y el juez rechazó el arresto domiciliario del imputado.
La audiencia preliminar se realizó este martes por videoconferencia y estuvo presidida por el juez Jorge Odorisio. La fiscal Camila Banfi repasó que el crimen que produjo la tarde del 21 de febrero de 2.020 cuando ambos hombres estaban en un departamento de la calle 649 al 2.200, en un sector del barrio Moure.
Ambos escuchaban música y consumían bebidas alcohólicas. Tenía una relación violenta, según describieron los vecinos que en varias ocasiones vieron cómo se peleaban y se gritaban. Producto de esa relación, el acusado habría golpeado a Bazán la noche anterior y lo habría bajado por la fuerza de la camioneta.
A partir de ese altercado, el acusado habría manoteado el arma de fuego de la víctima y lo ultimó de un disparo certero en el pecho. Luego se retiró del domicilio, aunque dejó el arma y ordenó la casa para no levantar sospechas. El hombre está imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor.
La defensora oficial Lilian Borquez no compartió el análisis de la prueba y la conclusión a la que arribó la fiscal. Dijo que se esclarecerá lo que pasó durante el debate, y por ello no se opuso a la elevación de la causa a juicio.
Luego, las partes efectuaron su ofrecimiento de prueba testimonial y documental a ventilarse en el debate. El juez admitió la prueba de las partes y elevó la causa a juicio.
La fiscal además solicitó que se mantenga la prisión preventiva para el acusado en base a la existencia de elementos de convicción suficientes para tenerlo como probable autor del crimen. Además, expuso los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.
La defensora se opuso, presentó un informe social y pidió el arresto domiciliario con tobillera electrónica para su cliente.
El juez rechazó el arresto domiciliario y argumentó que se mantienen los peligros procesales de fuga y entorpecimiento, por el término de tres meses o bien hasta que finalice el juicio.
