Es el lugar donde se detuviera a un individuo de origen dominicano cuyo procedimiento luego fuera anulado por determinación judicial de Eva Parcio.
La Policía busca a Aníbal Freites, el propietario del Residencial del Sur cuya desaparición fue denunciada por sus hijos, publica hoy el diario Patagónico.
El hombre, que reside en Sarmiento, fue visto por última vez el jueves pasado a las 19 por su mujer. El residencial de Maipú y Chacabuco fue epicentro hace 20 días de un polémico incidente que involucró a un ciudadano dominicano. Anoche se realizaban nuevos allanamientos en el lugar.
El dueño del Hotel Residencial del Sur, Aníbal Freites (58), es buscado por la Policía luego de que sus hijos denunciaran su desaparición. Lo vieron por última vez el jueves a las 19, hace cinco días. Según fuentes policiales, el hombre tiene domicilio en la localidad de Sarmiento, aunque convive con su actual pareja, Natalia Morelli, en el hotel residencial ubicado en Maipú al 1.000. Fue justamente ella quien lo vio por última vez el jueves pasado a las 19.
La denuncia por su desaparición la hicieron los hijos mayores de Freites en la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia en la noche del mismo jueves y ayer se realizaron exhaustivos allanamientos en el lugar buscando alguna pista que indique el destino del hombre.
La misteriosa desaparición de Freites ocurre después de que su residencial fuese epicentro de un violento hecho con amenazas de arma de fuego en el que una de las víctimas resultó ser su pareja y luego de un polémico procedimiento en el que se secuestraron drogas y se detuvo a una persona de nacionalidad dominicana, el cual luego fuera declarado nulo por la juez federal Eva Parcio.
Según la reconstrucción de las últimas anomalías ocurridas en el lugar, hay que citar que el miércoles 10 de octubre la Policía de la Seccional Primera detuvo a Luis Subiabre Amado, un residente del lugar que trabaja como remisero y quien amenazó con un arma de fuego a la encargada, pareja de Freites, a quien además obligó a subir hasta el piso donde él se alojaba para recriminarle que le habían robado.
Según consta en la denuncia, después Subiabre pateó la puerta ubicada frente a su habitación. Allí se encontraba hospedado un hombre de nacionalidad dominicana a quien le adjudicó el robo. Este logró sacárselo de encima a los empujones.
Al cabo de unos minutos arribó la policía y encontró a Subiabre alterado y con un arma de fuego en la cintura, por lo que se lo llevaron detenido.
Operativo nulo
Dos semanas después de aquel incidente, el miércoles 24 de octubre, a la mañana en ese mismo hotel, Eusebio Chalas -un ciudadano de nacionalidad dominicana- fue detenido tras un operativo dirigido por el secretario municipal de Seguridad, Carlos Marsó, quien actuó con una orden emanada por el titular del Juzgado de Faltas, Daniel Simunovich. Como saldo, se detuvo a Chalas y se secuestró droga.
Casi en forma inmediata, desde el municipio se distribuyó una fotografía con el sospechoso esposado y tirado en el suelo de la habitación que alquilaba cuando todavía no había llegado la orden de allanamiento que se le requirió después a la Justicia Federal, ya que había droga de por medio.
Si bien Chalas quedó detenido en averiguación del hecho, con el correr de los días la Justicia avanzó en la causa en procura de salvar el procedimiento, lo cual no fue posible sin pasar sobre las garantías del detenido. Para ello se tomaron declaraciones testimoniales a todo el personal policial y municipal que tuvo intervención ese día, cotejándose además lo expuesto en el acta de detención y las imágenes que tomaron estado público, lo cual abundó en contradicciones.
Tras el análisis de ese material probatorio, la juez Parcio resolvió dictar la nulidad del acta de detención, ordenando la libertad de Chalas.
Sin embargo, el fiscal federal Norberto Bellver pidió el último viernes que se revoque esa nulidad, argumentando que los funcionarios municipales Antonio Zúñiga y Carlos Marsó iban subiendo la escalera cuando vieron a Chalas arrojar los estupefacientes. Y que a su criterio el acta era clara al respecto.
Además, el fiscal federal le restó importancia al detalle de la difusión de la fotografía, previa a que hubiera orden federal de allanamiento. Ahora es la Cámara Federal de Apelaciones la que debe resolver.
