La Secretaría de Seguridad y la Subsecretaría de Fiscalización, a través de la Dirección de Habilitaciones, participaron el lunes del operativo de clausura de un vip.
La vigencia de la Ordenanza 10.577 permitió la participación de uno de los representantes del Área de Seguridad, Antonio Zúñiga, en un importante operativo que se montó en calle Saavedra al 280. En la ocasión, se procedió a la clausura de una vivienda en la que se prestaban servicios sexuales.
Sobre la Ordenanza, Zúñiga recordó que “es una herramienta que faculta la intervención de la Municipalidad cuando se promueve el ejercicio de actos sexuales en lugares que no están habilitados para ello”.
En este sentido, trabajadores de la Dirección de Habilitaciones, fueron los encargados de convocar a Zúñiga después de descubrir que cuatro mujeres, de nacionalidad paraguaya, ejercían la prostitución en un domicilio que no estaba autorizado para tal fin.
En tanto, la Brigada de Investigaciones fue la responsable de elevar el caso a la Justicia Federal y de autorizar una orden de allanamiento; mientras que la Secretaría de Seguridad sólo estuvo a cargo de la clausura del domicilio.
En esta misma línea, el referente de Seguridad explicó que “la Secretaría solamente acompañó y colaboró en el procedimiento, porque es un caso que le pertenece a la Justicia Federal”.
En ese sentido, aseguró que “la Brigada tiene la principal evidencia y se trata de una secuencia fotográfica que será presentada ante el Juez, quien definirá el proceder de la Secretaría de Seguridad del Municipio”.
Por su parte, personal del Área de Migraciones confirmó que la totalidad de las mujeres eran mayores de edad y tenían la documentación en regla.
En tanto, Zúñiga, comentó que “generalmente en este tipo de situaciones, nos encontramos con contratos pactados de palabra, o bien, precarios en cuanto a las especificaciones. Sin embargo, en esta oportunidad no existía ningún tipo de contrato”.
Por último, reveló que ya se logró identificar al propietario, a quien se lo va a notificar y convocar para que intervenga y cese la actividad de prestación de servicios sexuales.
