El intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, se reunirá mañana con referentes de la SCPL ya que la ciudad necesita el funcionamiento de dos estaciones transformadoras para compensar las diferencias de consumo que repercuten en las fases y en el suministro.
También deberá tomar medidas sobre los conectados de modo ilegal que sobrecargan el sistema y la facturación en un año inflacionario donde el pass through continúa vigente, publicó hoy el diario Patagónico.
Di Pierro se reunirá mañana con los referentes de la SCPL, en un encuentro en el que si de definir acciones de “alivio” o previsión se trata, se deberá ir más allá de conjugar esfuerzos para gestionar obras, ya que también está en discusión acordar una política tarifaria y tomar decisiones sobre los “colgados”.
Con el verano casi a término y superada -por la baja en el consumo y no en base a la infraestructura aún- la problemática del agua, la SCPL debería hacer frente a otra crisis en los servicios que presta: la energética.
El tema ya había sido advertido al poder político municipal durante el mes de octubre pasado. Si bien entonces las charlas giraban en torno a la provisión de agua y a qué recaudos y acciones tomar por la temporada estival, la prestadora de servicios públicos ya habría anticipado que con las bajas temperaturas podría entrar en conflicto el sistema eléctrico.
Es que el atraso en infraestructura para la ciudad no sólo abarca cuestiones de saneamiento, sino que Comodoro requiere de obras también en materia eléctrica, como la culminación de la estación transformadora del Máximo Abásolo y la construcción de una segunda en la zona norte de la ciudad, que nuclea la mayor proporción de nuevos asentamientos.
Ambas obras serán clave para que la ciudad no viva este invierno lo que algunos barrios de Capital Federal soportaron durante el verano con interminables cortes de luz: el crecimiento desmesurado en el consumo comodorense ya ocasiona cada vez con más frecuencia la baja en los alumbrados públicos y el salto y rotura de fases. De ahí la necesidad de dos nuevas transformadoras en funcionamiento que estabilicen la red de la ciudad.
Los “enganchados”
A tal consumo aumentado, hay que sumar otro aditamento de doble carga: los “colgados” o “enganchados”. Se presume que son más de 10.000 los habitantes en tal situación que generan por un lado una millonaria multa mensual a la SCPL que impone la distribuidora por el consumo no medido, y el aumento de consumo que estos sectores tendrán en el invierno.
Es que la ecuación es sencilla: se trata de asentamientos que tampoco tienen acceso a la red de gas, de modo que el calefaccionamiento también se hace por vía eléctrica, utilizando para ello resistencias de grandes consumos, potenciando la ya desbordada situación en algunos sectores.
A este panorama se suma la preocupación por la tarifa: la renegociación del contrato de prestación con la SCPL no terminó por derogar el “pass through”, una fórmula polinómica de actualización automática que hace que el poder político no tenga control ni injerencia sobre el precio del sistema.
La vigencia de la misma (que ya había sido cuestionada en épocas de la auditoría a la SCPL porque contiene variables que la empresa prestadora podría ajustar a voluntad), sino preocupa, al menos ocupa en una ciudad donde si bien la economía se presenta favorable para 2014, no deja de estar inserta al esquema nacional y la incertidumbre inflacionaria. Y los factores centrales que determinan el costo al que la SCPL abona la energía al mercado mayorista, son justamente nacionales.
Es en este esquema que el intendente Néstor Di Pierro se reunirá mañana con los referentes de la SCPL, en un encuentro en el que si de definir acciones de “alivio” o previsión se trata, se deberá ir más allá de conjugar esfuerzos para gestionar obras, ya que también está en discusión acordar una política tarifaria y tomar decisiones sobre los “colgados”.
La SCPL había anunciado hace más de un año que iniciarían las intimaciones para regularizar tales casos y que con tal medida no sólo mermaría la multa impuesta por Cammesa, sino que podrían mejorar su recaudación en cerca de 1,5 millones de pesos mensuales.
En esta oportunidad ya no se trataría de una intimación que deje librado a su voluntad al consumidor ilegal, sino de buscar una alternativa más eficiente y contundente para ahorrar ese costo que hoy se prorratea entre los demás consumidores y que podría significar en el futuro molestos cortes de luz.
