Julio podría representar el primer mes en el último año en que el gasto público no haya registrado una caída en términos reales, según estimaciones preliminares. La cuestión fiscal y las chances de cumplir con el techo de déficit anual asoma, junto con el de reservas, como la más crítica para el Gobierno en el marco del renegociado acuerdo con el FMI y en un contexto de campaña electoral, indica Infobae.
El último mes completo antes de las PASO habría marcado una interrupción del ritmo de recorte del gasto público que había encarado el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, de acuerdo a datos recopilados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que midió que en julio la suba en términos reales del gasto primario habría sido de 0,7%, mientras que la caída en el acumulado de los primeros siete meses del año rondaría el 6 por ciento.
El dato oficial de la Secretaría de Hacienda se conocerá el martes, aunque no son números estrictamente comparables, ya que la OPC -como otras mediciones privadas- toman en consideración los datos del gasto devengado, es decir, pagos prometidos por el sector público.
El informe de Hacienda muestra el base caja, es decir, lo efectivamente pagado. A grandes rasgos, la diferencia entre el primer número y el segundo es lo que configura la deuda flotante.
Según la OPC, “el gasto total de la Administración Nacional registró una caída real de 6% anual en los primeros siete meses del año: los gastos primarios se redujeron 8,3% mientras que los intereses de la deuda subieron 21,2 por ciento. Dentro de las erogaciones primarias se destacan las reducciones en las transferencias a provincias (28%), en las asignaciones familiares (25,3%), en los subsidios a la energía (22,9%) y en los programas sociales (21,3 por ciento)”.
Por otro lado, “en el caso del rubro jubilaciones y pensiones, si bien la variación real fue menor (3,8% anual), resultó el cuarto rubro de mayor contribución a la reducción del gasto dada su participación en la estructura del gasto primario (39,7 por ciento). Contrastando esta dinámica, los intereses de la deuda (21,2%), las transferencias a universidades (12,4%), los subsidios al transporte (12,2%) y los gastos en personal (8,2%) presentaron subas con relación a la ejecución de un año atrás”.
Al alejar el zoom se ve, siempre de acuerdo a OPC, que hubo una interrupción en la seguidilla de meses con caída real del gasto. A lo largo del segundo semestre de 2022, ya con mandato de Massa en el Palacio de Hacienda, el gasto cayó 19,5 por ciento, con caídas anuales récord en noviembre (-27,7 por ciento).
En 2023 el ritmo de recorte fue más leve (enero marcó la poda más alta en el devengado, con 13,3%) y recién julio terminó con un 0,7% de aumento, justo antes de las PASO.
La consultora Analytica también recreó otro ejercicio para ver qué comportamiento tuvo el gasto entre agosto de 2022 y julio de 2023: compararlo con ese mismo lapso pero de 2021 y 2022. En números absolutos a precios constantes, en el primer caso se gastaron 32,4 billones de pesos, contra los 37,9 billones entre agosto de 2021 y julio de 2022. Un recorte, entonces, de 5,5 billones de pesos.
Ahora bien, ¿dónde estuvo repartida esa poda? Según el informe, la mayor parte estuvo explicada en obra pública (1,4 billones de pesos menos), subsidios económicos (1,3 billones menos), jubilaciones y pensiones ($800.000 millones menos), y asignaciones familiares y programas sociales ($500.000 millones menos).
Subsidios: el impacto de la devaluación
Para lo que resta del año el panorama fiscal asoma complejo para el Gobierno: el techo de déficit primario acordado con el FMI es de 1,9% del PBI y solo en los primeros seis meses del año ya acumuló 1,1%, cuando en términos estacionales el segundo semestre suele ser de mayor ritmo de gasto.
El Poder Ejecutivo buscará apoyarse en un refuerzo de recaudación de impuestos (por ejemplo, con las alícuotas de PAIS para importaciones y anticipo de Ganancias) para llegar con aire a ese tope para las cuentas públicas.
Hay una columna sobre la que está apoyado el grueso del gasto público que es la de subsidios. Hay, en ese renglón de las erogaciones, una clave para avizorar lo que pueda suceder en los próximos meses. Según un informe del Observatorio de tarifas y subsidios IIEP, que pertenece a la UBA, en lo que va del año esa cuenta del gasto público tuvo una poda, en términos reales, cercana al 16,6 por ciento.
El FMI auspicia un ajuste acelerado del gasto en subsidios energéticos y había proyectado, en la revisión técnica finalizada en marzo de este año, un ahorro para 2023 equivalente a 0,5% del PBI y que los subsidios cubran el 40% del costo de la energía, contra 70% que cubrían en noviembre pasado.
Según ese observatorio, los subsidios reales cayeron 16,6% anual explicados por una reducción real en transporte del 16,1%, en energía del 16,5% y en agua del 32,3 por ciento.
“El crecimiento nominal de los principales rubros es liderado por la Energía que ocupa el 80% de los subsidios y crece 77,6% mientras se reduce 16,5% real. A su vez, en términos absolutos, es el rubro con mayor incremento nominal ($816.644 millones) lo cual explica el 81% del aumento en las transferencias”, mencionó.
La devaluación del tipo de cambio oficial obligará a un recálculo del costo de la generación de la energía y, por lo tanto, de la ecuación de tarifas y subsidios. La de suba del tipo de cambio oficial “tiene efectos sobre la cobertura de costos de generación eléctrica y el costo de abastecimiento de gas natural por redes”, apuntó el observatorio.
“En el caso eléctrico, los costos de generación se encuentran dolarizados en un 80% por lo tanto el traspaso de la devaluación a los costos expresados en peso no es pleno. Por otro lado, el costo de abastecimiento del gas natural se encuentra dolarizado en un 100% debido a los contratos del Plan Gas.Ar nominados en dólares por lo cual el traspaso a costos expresados en pesos es directo”, explicaron.
Y en ese sentido, plantearon tres caminos que podrá tomar el Gobierno. “La cobertura de costos puede variar en función de tres escenarios: a) el Estado absorbe el efecto de la devaluación por completo, se reduce la cobertura de costos y se incrementan los subsidios en $70.000 millones adicionales hasta fin de año -USD 200 millones adicionales-”, planteó como primera alternativa, lo que podría mayor presión sobre aquella meta fiscal.
O bien, “el Estado decido traspasar total o parcialmente el efecto de la devaluación a mayores tarifas para los usuarios N1 (mayores ingresos) dejando las demás constantes”, y como tercera variante “el Estado decide traspasar total o parcialmente el efecto de la devaluación a mayores tarifas para todos o algunos segmentos de ingreso. Cualquier opción de traslado parcial implica el aumento de subsidios y cualquier opción de traslado total implica aumento de tarifas”, concluyó.
La secretaria de Energía Flavia Royón anticipó que “va a haber una actualización” de las tarifas de electricidad, luego de que “la semana que viene” se realice un estudio de “cómo la devaluación afecta el costo de la generación”.”La semana que viene vamos a estudiar cómo la devaluación afecta el costo de la generación de energía eléctrica y va a haber una actualización”, adelantó la funcionaria.
