El juzgado penal del barrio Roca fue escenario esta semana de un debate fundamental para la justicia local. Tras extenuantes jornadas de discusión y análisis de pruebas, un jurado popular se retiró a deliberar para definir el futuro procesal de H.G.L., un hombre acusado de gravísimos delitos contra la integridad sexual. La resolución de los ciudadanos fue contundente y unánime en cada uno de los puntos evaluados.
El tribunal popular no dejó margen para las dudas y declaró al imputado culpable de un total de cinco hechos delictivos. En detalle, la unanimidad del jurado determinó su responsabilidad penal en tres hechos tipificados como abuso sexual simple, con el agravante de haber sido cometidos por un ascendiente. A esto se sumaron otros dos acontecimientos de extrema gravedad, donde el cuerpo de ciudadanos lo halló culpable como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, manteniendo también el agravante por el vínculo familiar.
Una vez que el jurado popular se retiró de la sala con el deber cumplido, el proceso continuó bajo la dirección de la jueza técnica Lilian Borquez, momento en que las partes comenzaron a debatir el estatus cautelar del ahora condenado.
La fiscal María Laura Blanco tomó la palabra para advertir que el veredicto de culpabilidad modifica de manera drástica la situación procesal del imputado. La representante del Ministerio Público Fiscal argumentó que la certeza de una futura pena de cumplimiento efectivo, sumada a la gravedad de los hechos, eleva considerablemente el peligro procesal de fuga.
Con el objetivo de afianzar la justicia y garantizar que el acusado no eluda la resolución judicial, la fiscalía solicitó la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme, requiriendo presentaciones semanales ante la Oficina Judicial y el arraigo ciudadano. Por su parte, el defensor particular Alejandro Fuentes ensayó una oposición parcial centrada en las necesidades laborales de su asistido. El letrado propuso que las presentaciones se realizaran dos veces por semana y que la restricción de traslado abarcara los límites provinciales, un planteo que no recibió objeciones por parte de la fiscal Blanco.
En el cierre de la audiencia, la jueza Borquez tomó nota del consenso alcanzado entre la acusación y la defensa. Al no existir controversia entre las partes, la magistrada resolvió convalidar las medidas cautelares para H.G.L., ordenándole comparecer dos veces por semana ante las autoridades judiciales y prohibiéndole abandonar el territorio provincial sin una autorización judicial previa.
Estas restricciones se mantendrán vigentes por un plazo de seis meses o bien hasta que el fallo adquiera firmeza. La expectativa ahora se traslada al próximo 19 de junio a las 14:00 horas, momento en que se desarrollará el juicio de cesura para determinar cuántos años de cárcel deberá cumplir el condenado.
