Forzado por la peor paliza electoral que recibió el peronismo unido en mucho tiempo y acorralado por la puesta en escena de una Cristina Fernández de Kirchner que estaba dispuesta a quemar las naves, Alberto Fernández decidió finalmente reaccionar y salir hacia adelante.
Dejó de lado el vicio del docente que pensaba en un largo plazo del que no disponía y pretendía formar en política a un gabinete amateur integrado por funcionarios de generaciones que nunca habían tocado el fuego de la crisis, según publica el Diario AR.
Apeló a profesionales del poder criados en la escuela del peronismo, guerreros incombustibles de un largo pasado, rechazados por la oposición que va del arco de Juntos hasta el progresismo oficialista. No son ministros que se distingan por su simpatía sino por una doble condición: su experiencia de gobierno y sus múltiples relaciones con factores de poder.
Aníbal Fernández, las fuerzas de seguridad, la justicia, los gobernadores; Julián Domínguez, el Papa Francisco, el mundo del agronegocio y las terminales automotrices que conoció de la mano del SMATA; Juan Manzur, un grupo de mandatarios provinciales, la familia de los laboratorios, el sindicalismo de Carlos West Ocampo y Héctor Daer, empresarios poderosos como Hugo Sigman, Adrián Werthein, Eduardo Eurnekian, la familia Eskenazi, los herederos de Jorge Brito y el hotelero argentino que es mano derecha de Luis Almagro en la OEA, Gustavo Cinosi.
Nadie sorprende tanto como el ex gobernador “pro vida” de Tucumán, conocido en todo el país por haber ordenado una cesárea para una nena de 11 años que había sido violada en su provincia. Dueño de infinitas relaciones que trascienden la frontera y de un carisma que sus amigos gustan comparar con el de Carlos Menem, antes de la pandemia solía viajar a Nueva York, Los Ángeles e Israel para hablar ante la comunidad de negocios y cerrar contratos con empresas bélicas.
En 2016, fue anfitrión de la primera visita del ex embajador de Estados Unidos Edward Prado a una provincia y del rabino norteamericano Abraham Cooper, director del Centro Simón Wiesenthal en Los Ángeles. Manzur cometió quizás el peor de sus pecados cuando en septiembre de 2018, con la crisis de Mauricio Macri ya muy avanzada, fue a la redacción de Clarín para sacarse una foto y decir lo que en el cuarto piso querían escuchar: “Ya está, terminó; el de Cristina es un ciclo político que está concluido”. A esta altura, después de haber condonado tantas facturas con el objetivo de volver al poder, la vicepresidenta perdona casi todo, excepto perder.
Se diga lo que se diga, el gabinete que armó Fernández apurado no da indicios de caminar hacia ninguna radicalización y genera indigestión entre los que abonan la ilusión progresista. Más bien, parece ser la aparición del peronismo real, dispuesto a avanzar en la defensa del Presidente y del poder. CFK seguirá siendo accionista principal y es posible que crezca su influencia pero la dirección del gobierno sugiere que se da un paso más hacia el pragmatismo. El gobierno tiene pendiente el acuerdo con el Fondo y, si los ministros cuentan con cierta autonomía, hay elementos que pueden abonar la tesis de que se intentará sellar un alto el fuego con el establishment.
La situación, sin embargo, es de lo más delicada. El Presidente tiene que salir del estado de debilidad en que lo dejaron, en un orden discutible, la crisis, sus propios errores, la derrota electoral y el protagonismo de Cristina. Antes que nada, revertir en 45 días hábiles el escrutinio social que derivó en la catástrofe de las PASO. Después, tratar de no volver a subestimar ninguno de los ítems que el gobierno tiene pendiente.
Se había dicho. Todo estaba atado al voltaje de la crisis. Publicitada como nunca antes, la tensión en lo más alto confirmó que la unidad del peronismo venía atada con alfileres y no alcanzaba para gobernar las restricciones múltiples.
El gobierno de Fernández se autoconvenció de que lo hecho ante la pandemia era suficiente, abrió la economía en un año en el que el virus aumentaba su agresividad y decidió avanzar con la reducción del déficit fiscal, sin ofrecer paliativos de ningún tipo para una población que viene de larguísimos años de padecimientos. Pero Cristina vetó el acuerdo con el Fondo con el argumento de que no servía hacer campaña de la mano del organismo de crédito y el Frente de Todos quedó atrapado en sus diferencias.
Desordenado y sin el aval político de la vicepresidenta, el ajuste se hizo en el primer semestre sobre el gasto Covid y con la licuación de las jubilaciones y los salarios de los empleados públicos, pero el entendimiento con Kristalina Georgieva se demoró y el oficialismo terminó sin el pan y sin la torta. Sin mejorar los ingresos de la población, sin acordar con el FMI, sin los Derechos Especiales de Giro que se van a destinar a pagarle al Fondo en pocos días y sin el respaldo electoral de la mayoría que lo eligió hace apenas dos años.
