Los concejales aprobaron ayer parcialmente la cuenta del ejercicio fiscal 2008 que había rechazado el Tribunal de Cuentas. Ahora deberá volver al organismo contralor para que inicie o continúe el procedimiento de juicio de responsabilidad a los funcionarios públicos actuantes en las resoluciones consideradas como observadas por el mencionado tribunal.
Cerca de dos horas de debate legislativo insumió el tratamiento de la cuenta del ejercicio fiscal 2008, que el Tribunal de cuentas Municipal había elevado al Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia el 2 de diciembre, tras rechazarla por observaciones en el manejo de los fondos públicos. Tal observación se ancló específicamente en el otorgamiento de aportes no reintegrables por casi $600.000 al empresario Marcelo González Machín.
El preludio de su tratamiento de ayer, tras su ingreso sobre tablas, había estado sembrado de incertidumbres y llegaron a barajarse posibilidades como la de no dar quórum, o el llamado a otra extraordinaria hoy, a solicitud de los mismos siete ediles que pujaban por su inclusión en el temario. Finalmente, la totalidad del cuerpo dio el aval para que el eje de discusión pudiera ser incluido sobre tablas en el temario de sesión.
Sin embargo, su inclusión fue acompañada de un despacho de minoría y otro de mayoría. El primero de ellos, promovido por el bloque radical determinaba el rechazo pleno de la cuenta del ejercicio, en concordancia con el dictamen del Tribunal de Cuentas.
El segundo, mientras tanto, fue el sancionado con el voto de nueve ediles, dada la ausencia de Viviana Navarro (PJ). Ese despacho acompañado por representantes del pleno del bloque PJ, el PROVECh y Vecinalismo Independiente, determina aprobar el ejercicio fiscal 2008 con las salvedades relativas a los aportes cuestionados, y devolver los actuados correspondientes al Tribunal de Cuentas para que dé inicio o continúe el juicio de responsabilidades a los funcionarios actuantes.
Fueron dos las horas de debate donde las voces cantantes las llevaron Jorge Camarda por la UCR y Guillermo Almirón por el PJ. Fue el jefe de la oposición quien inauguró las consideraciones recordando el correlato de la cuenta observada, cuya rendición por parte del Ejecutivo registró una demora superior a los 7 meses. También recordó los pedidos de informes presentados por su bancada en relación a los aportes en cuestión junto a los fondos derivados por más de 1,5 millones de pesos al Centro de las Energías, que motivó una comparecencia en el Concejo de Rubén Zárate, titular de Comodoro Conocimiento, ente que absorbió la cartera de Producción que otorgó tales aportes.
Asimismo, Camarda describió las irregularidades en torno, tanto a los aportes otorgados, como a sus plazos y los proyectos que los originaron, y los controles originados desde el Ejecutivo, que motivó la denuncia penal radicada por ellos en 2009.
Por último, sobre la base al articulado de la Carta Orgánica Municipal, Camarda señaló que corresponde al cuerpo de representantes aprobar o rechazar la cuenta, subrayando que bajo ningún concepto se habla de aprobaciones parciales -como la que promovió el despacho aprobado-, y remató su argumentación sentando que corresponde aplicar al caso el procedimiento de segunda lectura y audiencia pública.
De responsabilidades
Almirón comenzó señalando que el dictamen del Tribunal de Cuentas no reviste tal carácter, fundando esa interpretación en que la parte resolutiva de la acordada dice: “dictamina estimar que corresponde desaprobar la Cuenta General del Ejercicio“, y es el término “estimar” el que sustentó tal miramiento,
Criticó además la falta de cumplimiento de los plazos por parte del Tribunal de Cuentas para la remisión al Concejo de la cuenta en cuestión -que vale destacar el cuerpo legislativo no reclamó en su momento-, y citó un precedente del año 2001, cuando durante la intendencia de Jorge Aubía (UCR), el organismo contralor objetó la cuenta que incluía la partida para la pavimentación de las 600 cuadras y aludió a motivaciones políticas en torno al tratamiento del tema.
Cristina Ziebart (PJ) y Gustavo Reyes (PJ), por otra parte, se manifestaron en el mismo sentido de una clara fundamentación de Luis Zaffaroni (PJ), centrada en el hecho de que “la preocupación como representantes del pueblo está dada porque no es claro el manejo de los fondos públicos, y el Tribunal de Cuentas debe continuar una acción, que es el juicio de responsabilidad a los funcionarios públicos intervinientes”.
