Con dos juicios políticos sobre sus espaldas y convertido en una de las piezas más importantes del esquema judicial del gobernador Ignacio Torres, Javier Raidan atraviesa el momento de mayor exposición desde su llegada a Chubut. Hoy enfrenta las consecuencias de los escándalos que arrastra en un momento bisagra donde buscará cubrir uno de los cupos en la Corte Suprema.
La postulación de Raidan para cubrir una de las vacantes en la Corte Suprema significaría que el presidente Javier Milei ha resuelto levantar las banderas de la impunidad en un contexto de descomposición política y creciente inmoralidad.
El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH) y la Asociación de la Magistratura y el Funcionariado Judicial de Chubut presentaron ante la Legislatura un nuevo pedido formal de juicio político contra Raidan. La acusación se centra en los aumentos salariales otorgados por el pleno del Superior Tribunal cuando lo conducía, que en algunos casos habrían significado sobresueldos cercanos al 60%.
Sin embargo, el expediente no se limita a la cuestión salarial. También aparecen cuestionamientos por la compra de seis camionetas de alta gama para los integrantes del Superior Tribunal de Justicia: Camila Banfi Saavedra, Ricardo Napolitani, Silvia Bustos, Mario Vivas, Andrés Giacomone y su persona. A esto se suman denuncias por nombramientos sin concurso de familiares o allegados dentro del Poder Judicial, además de presuntos casos de persecución laboral y maltrato institucional.
Uno de los ejes más sensibles de la presentación apunta a la independencia judicial. Los denunciantes sostienen que existe una creciente influencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial y advierten sobre una alteración del equilibrio republicano. En el texto presentado ante la Legislatura se remarca que los poderes del Estado deben controlarse mutuamente y que la Constitución prevé mecanismos para corregir eventuales abusos cuando uno de ellos excede sus atribuciones.
La situación de Raidan también presentaba otras vulnerabilidades. Su desembarco en Chubut como una figura externa le permitió llegar sin compromisos previos con los actores locales, pero esa misma condición implica que carece de una estructura política propia capaz de sostenerlo si cambia el escenario provincial. A ello se suma su paso por el Ministerio de Justicia durante la gestión de Julio Alak, en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, antecedente que algunos observadores consideran un posible foco de exposición futura.
Paradójicamente, mientras intenta sobrevivir a dos pedidos de juicio político y a un creciente rechazo dentro de sectores de la Justicia provincial, Raidan no oculta su ambición de llegar a la Corte Suprema. En ámbitos políticos nacionales su nombre aparece mencionado como una posible pieza de negociación en un eventual acuerdo entre sectores del kirchnerismo y La Libertad Avanza para cubrir las vacantes existentes. Quienes conocen su recorrido sostienen que esa aspiración se apoya menos en antecedentes académicos o producción jurídica que en la red de vínculos y favores construida durante años en Comodoro Py, en el Ministerio de Justicia y en distintos espacios de poder político.
Ahora la denuncia deberá ser analizada por la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura del Chubut. Si supera el examen de admisibilidad, el expediente llegará a la Sala de Acusar, instancia que podría dar inicio formal al proceso de juicio político. El oficialismo provincial cuenta con mayoría tanto en esa comisión como en la Sala de Juzgar, por lo que el futuro de la iniciativa dependerá tanto de los argumentos jurídicos como de las negociaciones políticas que se desarrollen en las próximas semanas.
La posible nominación de Raidan a la Corte Suprema de Justicia ya está generado fuertes críticas a nivel político, institucional y académico debido a cuestionamientos sobre su idoneidad, su desempeño oscuro como operador judicial y la polémica generada por su designación en el STJ de Chubut.
