El ministro de Economía y Crédito Público de la provincia, Víctor Cisterna, defendió, en el programa Luenzo de Una, la quita de un descuento en la alícuota de ingresos brutos al manifestar que si bien todas las empresas se podrían haber acogido al mismo, establecido en 2006, “lo hicieron sólo un 10 por ciento”.
Añadió que “muchas no cumplían con los requisitos pedidos, por lo que el impacto real será para dos ó tres empresas”, determinó. Sin embargo, aclaró que la decisión “no atenta contra la mediana empresa” y que “no vamos a permitir que produzca un efecto no deseado”.
Dijo que desde la Cámara de Comercio le pidieron “60 días” para volver a dialogar y criticó que “algunos funcionarios nacionales del Frente para la Victoria se hagan eco y no se preocupen por elevar el nivel del impuesto mínimo a las ganancias, que afecta a todos los empleados petroleros”.
En otro orden, adelantó que “cuando tengamos los índices oficiales del censo seguramente vamos a tener que discutir –sobre el tema regalías- porque habrá municipios que van a cobrar menos y otras que van a cobrar más”, explicó.
“En 2006 Chubut incrementó la cuota de los ingresos brutos del convenio multilateral del 2,5 al 3 por ciento y se estableció un descuento por pago en término con reducción de impuestos que iba del 50 al 20 por ciento, dependiendo de la actividad”, recordó.
“Esto fue hecho para el 2006, se prorrogó y el año pasado hicimos evaluación de cómo era el impacto y cuántas empresas hacían uso del beneficio en toda la provincia y consideramos que estaban dadas las circunstancias para que se eliminara este beneficio y que no iba a impactar gravemente en la actividad”, explicó.
“Cuando la Cámara de Comercio planteó la inquietud dije que vendría a conversarlo”, detalló y “hoy les dijimos que queremos ver sector por sector cómo impacta y en qué perjudica”, añadió.
“De 700 empresas de convenio que podían hacer uso del beneficio sólo 100 lo hicieron. Del sector más sensible, que es el de los servicios petroleros sólo nueve empresas querían utilizarlo, por lo que no es un impacto sobre la economía básica –recalcó-. Además, dijo que de esas 100 empresas que querían usar el beneficio 80 ó 90 no cumplían con el requerimiento y tenían que pagar –finalmente- todo el impuesto.
“Todas se podrían haber acogido y lo hicieron solo un 10 por ciento”, explicó y dijo que, entre los requisitos pedidos, las empresas “deben tener un 70 por ciento de la facturación en Chubut y pagar en termino.
Muchas no cumplían de esas nueve o diez, o sea que el impacto real será para dos ó tres empresas”, estimó.
“Otro sector, el de los mayoristas alimenticios, también siente el impacto, al igual que algunas constructoras”, manifestó y agregó: “no es una medida que atenta contra la mediana empresa. Si produjera un efecto no deseado en este sentido no lo vamos a permitir”.
“Es una decisión pensando que existe un número pequeño de contribuyentes que usan este beneficio y que si se lo sacamos no afecta su actividad”, añadió.
“Me pidieron 60 días de plazo para evaluar el tema. Les dije que lo iba a evaluar pero que lo veo factible y que en estos dos meses veamos sector por sector”, detalló.
“Estamos en diálogo. Lo que me llama la atención es que algunos funcionarios nacionales se hagan eco y no se preocupen por elevar el nivel del impuesto mínimo a las ganancias, que afecta a todos los empleados petroleros. Ojalá sirva para que todos estos integrantes del Frente para la Victoria le pidan a la presidente que piense en los trabajadores petroleros, de la construcción y eleve el mínimo no imponible”, recalcó.
No descartó una rediscusión del tema de las regalías petroleras. “Vamos a conversar y ver todos los temas”.
“Me parece bien pedir más plata pero el ejemplo empieza por casa. Debo ser más eficiente para recaudar”, dijo.
“Este es el punto de partida y después habrá una nueva distribución conforme al censo. Al haber una nueva realidad habrá que ajustar los índices cuando tengamos los oficiales y en ese momento seguramente vamos a tener que discutir porque habrá municipios que van a cobrar menos y otras que van a cobrar más”, explicó.
Por otro lado, reiteró que “tenemos 28 millones de pesos retenidos por una resolución del ministro (Amado) Boudeau. A parte de plantear que es legal enviamos toda la documentación y no hemos tenido respuesta”, cuestionó.
Detalló que en diciembre, cuando tuvo lugar la reunión del Concejo Nacional de Responsabilidad Fiscal, donde se reúnen todos los ministros de Economía de la provincia con el de nación, “planteé la situación en términos amigables y manifesté que estamos pensando seriamente de dejar de pertenecer al Consejo porque en lugar de ayudarnos se nos castiga y saqué el ejemplo de los fondos retenidos”, contó.
“Boudou dijo que teníamos diferencias pero que estaba dispuesto a conversar la semana que viene. Todas las semanas estoy llamándo para ver cuándo nos juntamos y no tengo respuesta”, criticó Cisterna y siguió: “esto muestra la actitud. Hay una decisión política de que no nos van a dar loas 28 millones de dólares hasta que no venza el año, que es en julio”.
“Estamos con el fiscal de Estado ampliando la denuncia y veremos si podemos articular algún mecanismo legal que nos los habilite estos 28 millones de dólares que están retenidos y que no pagan intereses, cuando nosotros pagamos 15 mil pesos por mes por gastos bancarios”, explicó.
“Por ahora la evaluación de abandonar el Consejo la tengo yo; el día que lo converse con el gobernador seguramente lo concretaremos. No me parecía buena señal que Chubut se retirara porque somos dos provincias las que hemos cumplido las pautas originales del Consejo. No tenemos problemas con los números –remarcó- pero nos castigan por hacer las cosas bien”, reforzó.
Respecto del fondo fiducidario, añadió que “cuando ingresen los fondos del segundo se les dará el destino correspondiente” y sumó: “la idea era que si avanzábamos con esto fuera después de las elecciones para consensuar con el próximo gobernador en qué invertirlos”, explicó.
“El año pasado tuvimos que cambiar algunas cuestiones en función de la realidad. Cuando no recibe un peso para vivienda no podemos dejar de hacer vivienda entonces se apeló a este tramo para poder apelar al plan. Para el segundo tramo seguramente haremos lo mismo si no llegan los fondos”, aclaró.
Explicó que las obras “se venían haciendo a través de los programas federal 1 y 2” y agregó que “nos deben 160 millones de pesos que hemos pagado y no han mandado”.
“Todas las obras que está haciendo el IPV son con recursos provinciales, mayormente del fondo fiducidario”, asumió.
“Tuvimos la suerte de hacer lo que está haciendo la presidente en Brasil”, explicó. “El año pasado bajamos el gasto, lo que nos permitió amortiguar la situación. Luego uno tiene que atender reclamos salariales como es lógico pero sin poner en riesgo la percepción de los haberes”, subrayó.
(Radio del Mar)
