La ASOCICH y la ACCR han lanzado una seria advertencia sobre la crisis en la atención quirúrgica de Chubut.
El núcleo del conflicto es la desvalorización profesional manifestada en salarios inadecuados para la alta responsabilidad que manejan, afectando a todas las especialidades, incluyendo la pediátrica. Los cirujanos exigen soluciones concretas e inmediatas del Estado, advirtiendo que la continuidad del sistema depende de revertir esta situación de desgaste, ya que de lo contrario, las medidas de fuerza podrían escalar y afectar directamente la atención a los pacientes.
Los profesionales señalan que el deterioro es «consecuencia del agotamiento frente a un sistema que, hasta hoy, se ha sostenido gracias al esfuerzo de profesionales que de manera sistemática son desvalorizados y perciben remuneraciones inadecuadas».
Alcance del conflicto y servicios afectados
El comunicado deja claro que la problemática no es aislada, sino que «atraviesa a todas las subespecialidades quirúrgicas». Entre las áreas mencionadas que se encuentran «comprometidas y a la espera de una respuesta urgente» se encuentran: cirugía de cabeza y cuello, cirugía torácica, cirugía percutánea, cirugía pediátrica y el Servicio de Urología del Hospital Regional de comodoro Rivadavia.
Los cirujanos son enfáticos al criticar la respuesta oficial, señalando que las autoridades «dilatan y minimizan la problemática» mientras el personal sigue operando bajo condiciones extremas.
Demandas innegociables
La exigencia central de las asociaciones va más allá de la mera compensación económica. Los profesionales consideran inaceptable percibir «ingresos inferiores que sectores con menor nivel de responsabilidad y exigencia».
En una cita textual contundente, las asociaciones declararon: «Esto no se trata únicamente de un reclamo salarial, sino que se defiende la dignidad de los profesionales y del sistema de salud e implica una necesidad urgente de garantizar condiciones adecuadas -incluida la infraestructura- para realizar cirugías seguras».
Ambas entidades advierten que la situación «no admite más dilaciones ni discursos vacíos» y que, de no obtenerse una «solución concreta, urgente y acorde a la magnitud del problema,» las medidas de fuerza podrían intensificarse, con «impacto directo en la atención de la población».
