Además, a pesar de que estaba programado que en la sesión ordinaria de ayer se tratara la primera lectura del Presupuesto Municipal 2011, su evaluación tendrá lugar en una sesión extraordinaria ya que todavía no se terminaron de efectuar las rondas consultivas con el Ejecutivo.
El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia derogó ayer la ordenanza que reservaba 20 hectáreas en el barrio Stella Maris para la radicación de un mega emprendimiento comercial encabezado por la firma El Tehuelche.
La propuesta nucleaba a diversas firmas comerciales encolumnadas en un proyecto que en diferentes etapas planificaba la construcción de un centro comercial, hipermercado de rubros generales, otro de la construcción, un hotel, instalaciones de apoyo, espacio para convenciones y oficinas, además de áreas de estacionamiento.
La reserva fue revocada ayer por “incumplimiento a las exigencias normadas”, por lo que el Ejecutivo recupera la disponibilidad de las mencionadas 20 hectáreas ubicadas en el sector aledaño al basural. El despacho enviado por el Poder Ejecutivo fue avalado ayer por la mayoría del cuerpo legislativo, que sin argumentaciones dio su voto favorable, mientras que la concejal del Provech, y ex titular de la Cámara de Comercio, Ana Bonaguro, se abstuvo.
Amplicación Presupuestaria
Asimismo, fue aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza que dispone la creación del vivero municipal. Además, tras un amplio debate entre oficialismo y oposición, se autorizó la ampliación presupuestaria en 3,9 millones de pesos para el ejercicio municipal 2010.
La extensión presupuestaria en cuestión tuvo el rechazo del bloque radical, ya que según fundamentó Jorge Camarda, se trata de la cuarta ampliación en el año, lo que representa una diferencia del 23% sobre el cálculo inicial aprobado.
El concejal indicó que en el contexto de la sucesivas modificaciones, le resulta llamativo el incremento de la partida de actividades no lucrativas, equivalente a un 57% por sobre lo presupuestado. Así consideró que si se restan los 9 millones destinados al transporte público, se obtiene que lo demás se “utilizó para financiar actividades políticas”.
En réplica, Guillermo Almirón (PJ), solicitó que se de lectura al proyecto remitido por el Ejecutivo, precisando cada una de las partidas de gastos y sus destinos, en tanto que Cristina Ziebart (PJ) desmintió lo expuesto por el jefe radical al asentar que lejos de solventar gastos políticos, el 20% de los fondos en cuestión se imputan a la cartera de Salud donde las actividades no lucrativas incluyen leche, medicamentos e insumos de enfermería y laboratorio.
No conforme con las respuestas obtenidas, Camarda expuso que tal partida era originalmente de $21,5 millones de pesos, y que con las sucesivas ampliaciones equivale actualmente a $33,9 millones. También cuestionó que lejos de destinarse a lo mencionado por Ziebart, la fundamentación del Ejecutivo esgrime que se destinará a la “asistencia a la paz social y subsidios complementarios, teniendo en cuenta que se aproximan las fiestas de fin de año”.
Alumbrado público
Más allá de los tres despachos aprobados ayer, tomaron estado parlamentario los proyectos presentados por los estudiantes de nivel secundario en el marco del Programa de Extensión Legislativa.
Por otra parte, ingresó un proyecto del Ejecutivo, autorizando un incremento en el costo del alumbrado público que pagan los usuarios de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada.
Si bien los detalles del proyecto se conocerán cuando comience su análisis en comisiones, el actual cobro domiciliario de $1,27 podría variar a $6,27, y también se analizarían variaciones sobre el actual cobro generalizado de $11,72 que se corresponde a la tarifa comercial.
Auditoría al transporte público
Entre los proyectos que tomaron estado parlamentario ayer en el Concejo Deliberante, sobresale uno impulsado por el ex secretario de Gobierno, Guillermo Almirón, mediante el que sugiere al Ejecutivo la realización de una auditoría informática sobre las máquinas expendedoras de boletos instaladas en el transporte público de pasajeros.
La implementación de esta tecnología acaba de cumplir su primer año de vigencia y su instalación era requisito del contrato de concesión del servicio a la empresa Patagonia Argentina.
La utilidad del sistema no solo tiene arista en la seguridad vial -como tal está reglada en la ley nacional marco-, sino que también resulta de utilidad para el contralor del servicio, ya que el mismo contrato establece que diariamente la empresa debe emitir al municipio un balance de cantidad de pasajeros de cada sección que utilizan el transporte público.
El dato resulta por ende fundamental al momento de fijar el esquema de costos y cuadro tarifario, e impacta de lleno en el subsidio que mensualmente otorga la comuna (además de Provincia y Nación) para sostener el valor boleto que abona el usuario.
