En el marco de la investigación por la muerte de Ángel, el abogado querellante Roberto Castillo confirmó que la hipótesis principal de la causa es la de homicidio agravado contra Maicol González y Mariela Altamirano, y aseguró que la reconstrucción del caso se realizó tras un intenso análisis del expediente durante los últimos días.
Castillo explicó que el equipo legal trabajó sin descanso desde que accedieron a las pruebas. “Nosotros estamos hace tres días sin dormir. Estudiamos el expediente y formamos la hipótesis del caso hasta el día domingo”, señaló durante una entrevista en El Comodorense Stream.
Según indicó, la querella sostiene que el niño vivía en un entorno marcado por la violencia. Afirmó que, de acuerdo a testimonios reunidos, existía un círculo de violencia que involucraba tanto a los adultos como a los menores. En ese sentido, mencionó que cuentan con testigos que describieron episodios de agresiones físicas contra el niño, lo que refuerza la hipótesis de un contexto violento previo al fallecimiento.
El abogado también se refirió al momento en que habrían ocurrido las lesiones que provocaron la muerte del menor. De acuerdo con la información que manejan, los golpes que derivaron en el fallecimiento se habrían producido dentro de un período cercano a su muerte, estimado en un máximo de diez días.
Además, advirtió sobre la situación de algunos testigos que intervienen en la causa, al señalar que existirían intimidaciones que generan temor en quienes deben declarar. “Hay temor en todo aspecto. Los testigos están siendo amenazados y les implica un esfuerzo tener que declarar”, afirmó.
Durante la entrevista, Castillo lanzó duras críticas contra el funcionamiento del sistema judicial y sostuvo que hubo señales previas que, según su visión, no fueron atendidas adecuadamente. En ese sentido, comparó el caso con otros hechos similares que conmocionaron al país. “Con Lucio no aprendimos nada y ahora a Ángel lo lamentamos. Hay similitudes entre un caso y el otro”, expresó.
También remarcó la importancia de escuchar los testimonios del entorno cercano del niño, incluyendo docentes y compañeros. Según indicó, existen registros audiovisuales que podrían aportar contexto sobre la situación que atravesaba el menor y reforzar la reconstrucción de los hechos.
En otro tramo de sus declaraciones, el abogado cuestionó el rol de distintos actores que intervinieron previamente en el ámbito judicial y técnico. Sostuvo que la querella analiza la posibilidad de avanzar con acciones legales contra funcionarios y profesionales que participaron en decisiones anteriores vinculadas a la situación del niño.
Asimismo, planteó críticas al funcionamiento del sistema judicial en materia de familia y sostuvo que, según su postura, existen sesgos que afectan la toma de decisiones. En ese marco, señaló que algunas actuaciones podrían haber estado influenciadas por criterios ideológicos y cuestionó el accionar de equipos técnicos y profesionales que intervinieron en el caso.
Finalmente, Castillo adelantó que se impulsarán medidas para analizar responsabilidades institucionales y no descartó la presentación de denuncias contra funcionarios judiciales. También anunció que se organizará una movilización para reclamar justicia por Ángel en la ciudad de Buenos Aires, que incluirá una marcha desde el Obelisco hacia el Palacio de
